Carmen Yulín no despojara títulos de propiedad a comunidades G-8

01/31/2013 |04:17 p.m.
Carmen Yulín aclaró que unas 400 personas a quienes Santini les entregó unos documentos denominados "certificados de título" no tienen una escritura o título de propiedad. (wandaliz.vega@gfrmedia.com)  
Aclaró que unas 400 personas a quienes Santini les entregó unos documentos denominados "certificados de título" no tienen una escritura o título de propiedad.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aseguró este jueves que residentes de las comunidades conocidas como G-8 con títulos de propiedad retendrán los mismos.

Sin embargo, aclaró que unas 400 personas a quienes el exalcalde Jorge Santini les entregó unos documentos denominados "certificados de título" no tienen realmente una escritura o título de propiedad.

"Eso se trató de una táctica política para tratar de hacer en tres semanas lo que no se hizo en 12 años", opinó Cruz al cuestionar movidas de Santini durante su fallida campaña a la reelección, cuando en actos públicos entregó los citados documentos a personas pobres residentes cerca del Caño Martín Peña.

"He sido clara desde el principio. El que tiene su título de propiedad, se queda con su título de propiedad. Puede no gustarme la ley que habilitó la otorgación de esos títulos, pero se dieron en ley", sostuvo en una conferencia de prensa.

 Según Cruz, en términos legales "no hay tal cosa como certificados de título". Al parecer tales documentos registran la opción de tener una escritura, pero si el ciudadano no completó una serie de trámites y obtuvo el título de propiedad, el certificado no es equivalente a las llamadas escrituras, que según explicó Santini a fines de 2012, estaban condicionadas a que el propietario por 10 años no podía vender su residencia.

Por determinación de Cruz, no se emitirán por ahora títulos de propiedad en la zona del G-8 donde, según aseguró, se sigue trabajando con agencias federales y estatales para lograr la revitalización de todos esos terrenos en las proximidades del Caño Martín Peña.

 Explicó que a raíz de iniciativas adoptadas por el pasado gobierno municipal, varias de las cuales tuvieron la oposición de líderes comunitarios de la zona, "es necesario conocer el valor de la propiedad y por eso es importante detener la otorgación de títulos".

La Alcaldesa dijo que le preocupa "el concepto mancomunado" al estilo de Villas del Sol, la comunidad de invasores en Toa Alta, pero destacó que designó un equipo de trabajo para atender todo lo relacionado con los vecinos de las G-8.

Argumentó que trabajos de demoliciones y limpieza, "siguen avanzando" y los mismos incluyen al presente un grupo de 140 estructuras, cuyos moradores originales fueron reubicados en el pasado cuatrienio.

A juicio de la Alcaldesa, el compromiso es que el 1 de agosto de 2016, comenzaría de lleno el dragado del Caño Martín Peña, un proyecto con un coste preliminar de $300 millones, de los cuales se han identificado para esa inversión solo la mitad.

"El estimado es de $300 millones de los cuales ya se han identifiado 150. Estamos en un cabildeo con el Cuerpo de Ingenieros (del Ejército) de los Estados Unidos para obtener dinero adicional", señaló al anticipar que se moverán a la Organización de las Naciones Unidas porque esa entidad provee fondos para proyectos de aguas limpias, que entiende podrían reclamarse para completar el dragado y la revitalización del G-8, que incluye la Península de Cantera y otros vecindarios marginados de la capital.

En esa zona, destacó que los niños y niñas están expuestos a inundaciones frecuentes donde el agua de lluvia se mezcla con aguas usadas, llenas de excremento, poniendo en riesgo la salud de los menores, así como de ancianos y otras tantas personas de esas comunidades.

Recordó que urge afinar mapas subterráneos para conocer con precisión donde están tuberías de la AAA y otras, para determinar que agencias debe reparar o reubicar las mismas, entre otras tareas indispensables, antes de otras demoliciones y del inicio del dragado.

Cruz dijo que la abogada Maite Oronoz debe entregarle, al cumplirse 100 días de su gestión en la alcaldía, un informe sobre los títulos de propiedad en el G-8 y otros asuntos pendientes en esa región.

Aseguró que la próxima semana firmará una orden para devolver al G-8 terrenos que bajo la pasada administración pasaron al municipio, pero que las organizaciones comunitarias contemplaban utilizar para desarrollar sus propios proyectos.

"Ya algunos (de los predios a devolver) tienen permisos y dineros otorgados con alianzas para parques lineales, viveros o programas de autogestión", agregó Cruz.

En otros temas durante la conferencia de prensa para anunciar una iniciativa comunitaria para limpiar las principales plazas capitalinas este sábado, Cruz se pronunció nuevamente en contra de la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, apoyó la celebración de los Juegos Panamericanos 2023 en el país, y anunció que ya se hizo el acercamiento con una abogada que representará al municipio en el pleito federal incoado por religiosos que procuran acceso a comunidades con control de acceso para exponer sus doctrinas.