Carmen Yulín y Georgie Navarro se enfrascan en discusión por Santini

Por Ivelisse Rivera Quiñones / ivelisse.rivera@gfrmedia.com 04/10/2013 |01:36 p.m.
El presidente de la Comisión de Desarrollo de la región Metropolitana y los Jurídico, Luis Raúl Torres, intentaba poner orden, tanto a Georgie Navarro como a la alcaldesa Carmen yulín Cruz. En su intento, luego de advertirle a Navarro que se atuviera al orden, ordenó que le apagaran el micrófono y le indicó que había perdido su turno. (Archivo)  
La discusión se dio en la vista pública del proyecto de la Cámara 848, que busca regresar a su propósito original el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.

El municipio de San Juan, por voz de su alcaldesa Carmen Yulín Cruz, apoyó el proyecto de la Cámara 848, que busca devolverle la intención original a la Ley para el desarrollo integral del distrito de planificación especial del Caño Martín Peña mediante la derogación de las dos leyes que “desvirtuaron” la naturaleza del Fideicomiso.

El proyecto, evaluado por la Comisión para el Desarrollo de la Región Metropolitana, persigue derogar la Ley 32 de 2009 y la Ley 70 de 2011 para aclarar la naturaleza privada, perpetua y sui generis del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. 

“Sobre este proyecto quisiéramos expresar nuestro apoyo en general al mismo”, estableció la alcaldesa en su comparecencia en la Legislatura, antes de destacar cinco asuntos de “importancia principal” en la pieza legislativa.

Coincidió Cruz en que el propósito de la Ley 489 de 2004 era a “favor del modelo propietario comunitario al crearse el Fideicomiso”.

La alcaldesa consideró importante, al igual que se establece en el proyecto, fortalecer la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Otro de los asuntos de vital relevancia para la ejecutiva municipal es la verificación de la validez de los títulos de propiedad que se otorgaron a miembros de la comunidad.

“Consideramos acertada la creación del comité Ad Hoc para la evaluación de los títulos de propiedad otorgados al amparo de la Ley 32-2009, con el fin de determinar la validez de tales títulos”, puntualizó Cruz. 

Sobre este asunto, Cruz fue muy enfática en que se respetarán todos los títulos de propiedad que fueron otorgados dentro del marco de la ley, aunque sea un estatuto que ella no avale. No obstante, levantó bandera roja sobre los “certificados de títulos de propiedad” entregados y de los cuales no hay registro en el Municipio.

“El problema es que se le otorgó un certificado de título de propiedad y eso fue una tomadura de pelo y una compra de votos. No hay registro de los títulos”, dijo.

A este particular, el representante penepé José “Nuno” López, propulsor de la Ley 32, explicó que los terrenos adjudicados, que suman unos 1,200 certificados, eran propiedad del Estado, fueron transferidos al Municipio y luego a la gente. Por ello, entiende que los documentos deben estar en algún lugar del Departamento de la Vivienda. Para localizarlos hizo gestiones, de inmediato, con el exsecretario de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni. 

Fuerte careo entre Yulín y Navarro

A raíz de los señalamientos de Cruz, se suscitó un fuerte careo entre la alcaldesa y el representante novoprogresista Georgie Navarro, quien salió en defensa de la admnistración y gestión del exalcalde capitalino, Jorge Santini.

Durante su alocución, Navarro intentó explicar cómo las propiedades de los municipios se utilizan como garantías para obtener préstamos.

“Muchas de estas propiedades del Municipio se utilizan para poder tener margen prestatario, por eso fue que se dejó un margen prestatario del que usted está gozando ahora”, le reclamó Navarro a Cruz desatando la ira de la alcaldesa.

“Nadie goza, representante, teniendo un préstamo para pagar la nómina que no había ni un solo centavo (en las arcas del municipio). Nadie goza pagando $3.8 millones de un 'enfermito' que ustedes no dejaron presupuestado. Nadie goza cuando no había medicinas en los CDT de San Juan. Usted, usted, empezó con el asunto político, pues vamos a continuar. Nadie goza...”, le ripostó Cruz de forma firme y mientras golpeaba con su dedo índice izquierdo la mesa donde estaba sentado el representante como si con esta acción marcara cada una de sus palabras.

Mientras tanto, Navarro le gritaba desde el estrado: “Esto no es político. Aguante presión”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo de la región Metropolitana y los Jurídico, Luis Raúl Torres, intentaba poner orden, tanto a Navarro como a Cruz. En su intento, luego de hacer un llamado al orden a Navarro, ordenó que le apagaran el micrófono y le indicó que había perdido su turno mientras golpeaba con el mallete.

Fue entonces que para sorpresa de todos. Navarro sacó su propio mallete y comenzó a golpear la mesa.

“Yo también tengo un mallete”, decía Navarro antes de abandonar el salón de audiencias.

Al término de su participación, Cruz manifestó que la actuación de Navarro fue lamentable y parte de un “teatro” previamente concertado.

“Hay personas que no reconocen que la democracia exige un respeto a las diferencias. Obviamente él venía preparado porque tenía el malletito. Tenía preparado los teatros”, dijo Cruz.

La alcaldesa informó también al cuerpo que como parte del compromiso de su administración con las comunidades del G-8 tan pronto tomó posesión de su cargo ordenó el cese inmediato de la otorgación de títulos de propiedad por disposición de la Ley 489 de terrenos del municipio. Además ordenó un estudio de evaluación de los terrenos que el municipio administre, custodie, arriende o posea en el Distrito.

Cruz comunicó además que se estableció la fecha del 1 de agosto de 2016 como fecha límite para el inicio del dragado del caño.

Mientras, con ponencias escritas el Departamento de Estado y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) apoyaron también la medida.

En el caso del DRNA se sugirió cambiar el lenguaje en dos de las enmiendas ya que como están presentadas el DRNA perdería las potestades necesarias para velar por el medio ambiente.

El Departamento de Justicia fue citada a deponer, pero el secretario Luis Sánchez Betances envió una comunicación en la que se inhibía de participar en la discusión pública toda vez que hay en los tribunales un pleito relacionado a las comunidades del G-8 que lo imposibilitan de expresarse.