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Caso Héctor O’Neill: Avanza el proceso administrativo

Por Libni Sanjurjo / [email protected] 05/19/2017 |00:00 a.m.
UPAD, adscrita a la OPFEI, está próxima a notificar al alcalde de Guaynabo si identificó posibles cargos en su contra.
La UPAD, explica Cotto Vives, es “de gran importancia” porque su proceso no tiene que esperar a la resolución de un caso criminal si fuera la situación. (Archivo)  

El único ente que tiene facultad en ley para sancionar al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, notificará dentro de poco al ejecutivo municipal si identificó posibles cargos administrativos que ameriten un pena que podría ir desde suspensión hasta destitución. 

Así lo especificó ayer a Primera Hora la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia M. Cotto Vives.

 Explicó que si la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita a la OPFEI, identifica los cargos -relacionados con las denuncias que incluyen imputaciones de acoso sexual, agresión sexual y exposiciones deshonestas-, deberá emitir notificación a O’Neill y este tendrá quince días para contestar. Eventualmente, la UPAD haría una recomendación de sanción al Panel, y este cuerpo decidirá si acoge o no la recomendación, la acoge parcialmente o pide más información. 

El proceso administrativo es adicional al penal, el cual está a cargo de los fiscales especiales independientes Guillermo Garau Díaz y Leticia Pabón Ortiz. 

“Quien tiene la facultad en ley para sancionarlos (a alcaldes y legisladores municipales) y sacarlos de su posición, si así lo amerita el caso, es esta unidad… para imponer medidas correctivas en un municipio cuando las alegaciones contra el alcalde o el legislador afectan las labores de ese municipio o inciden en las personas de ese municipio que allí residen. Va dirigido a tratar de detener un daño”, detalló.

La UPAD es “de gran importancia” porque los casos criminales pueden durar años. “(Antes) había una acción que necesitaba corrección inmediata y no se podía por el hecho de estar en los tribunales. Ahora sí se puede tomar la acción sin esperar el desenvolvimiento del caso criminal”, explicó.

Entre tanto, los fiscales tienen 90 días, a partir del pasado 15 de mayo, para determinar si hay prueba para sostener cargos en un juicio. El caso llegó a la OPFEI por un referido del Departamento de Justicia.

El Alcalde encara 20 posibles violaciones al Código Penal y a Ley de Ética luego de que trascendiera que transó una demanda por hostigamiento sexual, por $450,000. 

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