El licenciado José González Castañer planteó hoy, jueves, que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción para atender la demanda incoada por Walmart Puerto Rico contra el Departamento de Hacienda al impugnar la Ley 72 aprobada el 29 de mayo de 2015.

González Castañer, uno de los abogados del Departamento de Hacienda, argumentó la esfera federal no debe intervenir con las contribuciones de los gobiernos estatales, según disposiciones del Butler Act.

El citado estatuto se invocó hace décadas para impugnar un tributo a productos agrícolas y se determinó que no se podía invadir la facultad de los estados para imponer sus impuestos. 

El señalamiento de González Castañer generó argumentaciones a favor y en contra ante el reclamo para que se declare inconstitucional la Ley 72 que puso en vigor reformas contributivas y cambió la tributación sobre las compras entre las compañías matrices de las megatiendas y sus subsidiarias en Puerto Rico, también conocido como “transfer pricing”.

Según el demandante, la Ley 72 torna sumamente onerosa su operación en la Isla y la consideran una “pena de muerte” a sus ganancias. Alegan que el estatuto viola la cláusula de comercio interestatal, la ley de relaciones federales y la ley de igual protección.

Neal Manne, abogado de Walmart, refutó planteamientos de González Castañer sobre el Butler Act y entre otros argumentos destacó que por la precaria situación fiscal de la Isla, el Tribunal Federal debe atender el caso lo antes posible.

Manne sugirió al juez que esperara escuchar la evidencia del Departamento de Hacienda para entonces tomar una determinación de si tiene jurisdicción o no, la que fue acogida por el juez José A. Fusté, quien se reservó el fallo hasta que el gobierno estatal presente su caso.

Durante el tercer día de juicio testificó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien fue cuestionado por abogados de Walmart sobre los objetivos de la Ley 72, impulsada para responder a una deuda de más de $70,000 millones en un escenario sin fuentes de repago y sin acceso a los mercados.

Zaragoza admitió que inicialmente no se consideró aumentar el “transfer pricing” a cadenas multinacionales y recalcó que un objetivo principal del estatuto ha sido allegar más fondos al erario.

Cuando se discutía la reforma del Código de Rentas Internas, Zaragoza recordó que originalmente propuso a los legisladores medidas para asegurar que los que estaban evadiendo impuestos pagaran.

A preguntas de Manne, el funcionario admitió que lo que finalmente emergió de la Legislatura, refiriéndose a la Ley 72, no fue por lo que abogó.

Reconoció que en sus reportes a la Legislatura mencionó que había cadenas multinacionales que reportaban pérdidas año tras año, pero aceptó que "Walmart no estaba en la lista, por lo que no se refería a la empresa.

Zaragoza admitió que estaba consciente de que Walmart Puerto Rico sería la única cadena a la que le aplicaría el renglón o "bracket" más alto del "transfer pricing", según las disposiciones de la Ley 72, por ser los únicos al presente en generar más de $2.7 mil millones al año.

El funcionario contestó en la afirmativa cuando Manne le preguntó si habría demandado, de estar “en los zapatos” de Walmart Puerto Rico.

Manne, mientras, argumentó que hay organizaciones como el World Bank, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Multistate Tax Commission que podían ayudar al Departamento de Hacienda para evitar abusos del "transfer pricing". El testigo dijo desconocer al respecto.

Durante las preguntas del contrainterrogatorio conducido por la abogada Susan Seabrook, el titular del Departamento de Justicia explicó que al no aprobarse el aumento al Impuesto al Valor Añadido (IVA) a 16% y dejarse en 11.5%, "teníamos que ver de dónde íbamos a recolectar fondos". Explicó que se reunió con el gobernador Alejandro García Padilla y con legisladores para evaluar opciones.

Detalló que la primera "canasta" era reducir gastos operacionales, como la nómina, pero esa opción se descartó. Explicó que también evaluaron aumentar los impuestos al alcohol y a los cigarrillos, pero se determinó que no resolvía la situación de allegar suficientes fondos.

Otra opción, según resumió Zaragoza, era aumentar las contribuciones a los individuos. Sin embargo, la administración gubernamental había prometido que no lo haría. Por lo tanto, la "única opción" era imponer impuestos a las corporaciones con la alternativa del "transfer pricing", explicó el funcionario.

"Eso fue lo que pasó en resumidas cuentas", manifestó Zaragoza, quien agregó que al presente en el Departamento de Hacienda cuenta con mitad del personal que había en la dependencia estatal durante la década de 1990. Reconoció que el personal no recibe honorarios adecuados y muchos son de nuevo reclutamiento. Están "mal pagos y jóvenes", comentó. En el pasado, el funcionario ha señalado que leyes de retiro incentivado y otras aprobadas durante el pasado cuatrienio redujeron personal importante en Hacienda.

En el juicio, Zaragoza dijo que en la agencia apenas comenzaron a recibir colaboración por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Siempre pensé que estábamos limitados a usar sus servicios porque la situación de Puerto Rico es diferente, al ser considerado como un país extranjero y sus impuestos son considerados como extranjeros", comentó.

En la demanda presentada por Walmart Puerto Rico el 4 de diciembre pasado, la empresa pide formalmente que el Tribunal Federal declare la Ley 72 inconstitucional.

Walmart Puerto Ricoa alega que si por cada $1 de ganancia, tiene que pagar $1.14 al gobierno en impuestos, no es viable seguir operando aquí, pero esa es la situación que propicia el estatuto impugnado.

Anthony Walker, vicepresidente de especialista en impuestos de las oficinas centrales de Walmart, dijo ante el juez Fusté que la razón por la que demandan obedece al interés de seguir en la Isla, donde tienen al presente 14,000 empleados, que describen como “asociados”. No precisó que la mayoría de los recursos humanos aquí son trabajadores a tiempo parcial que laboran jornadas fragmentadas y que devengan el salario mínimo federal. 

Walker recordó que recientemente “cerramos siete tiendas aquí” de un total de 250 a nivel mundial, pero no destacó que se trata de una reorganización global de la empresa y que los cierres de locales con reducidos movimientos de clientela en pueblos distantes de las zonas metropolitanas no se relacionan con la aprobación de la Ley 72. 

El juicio continúa mañana, viernes.