“Bien vaga” y “un mogollero”, así describió el exmiembro de la Junta de Gobierno de la corporación pública, Juan Rosario, la ley que viabiliza la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fue firmada hoy del gobernador.

En 27 páginas, la nueva ley establece todo el marco legal de la reforma energética, permite abrir la convocatoria para que las empresas interesadas envíen ofertas y proceder con su evaluación técnica, económica y financiera.

Según el ambientalista, los 180 días que establece el estatuto para viabilizar la transformación del sistema eléctrico del País no serán suficientes para establecer políticas públicas correctas que encaminen “un proceso tan complejo”.

“Eso significa que en seis meses el gobierno tiene que crear todos los elementos necesarios, que no existen, para hacer este proceso uno racional”, explicó Rosario.

Y es que su crítica va enfocada en que la administración de Ricardo Rosselló Nevares no ha establecido los parámetros que regirán el nuevo sistema como lo son: el método de generación de energía, las microrredes, la tarifa y el rol de los puertorriqueños en el proceso de elección.

“Aquí hay un problema fundamental, no existe una conversación de País para decidir a dónde vamos y qué vehículo utilizaremos. Si nunca han podido hacerlo, porque no han querido, cómo lo van a hacer en 180 días”, sostuvo.

La luz no va a bajar

Para Rosario, es una falacia que la tarifa de la energía eléctrica disminuya con la privatización y venta de activos de la generación de la AEE, tal como anunció el primer ejecutivo.

“¿En serio alguien se atreve a plantear que la tarifa va a bajar? Eso no ha pasado en ningún lugar donde se ha implementado esto. Son empresas, ellos van a lidiar con ganancias y sueldos”, sostuvo.

La ley solo establece que las tarifas deben ser “razonables” y que estarán regidas por la Comisión de Energía.

¿Cómo vamos a generar energía?

A pesar de que Rosselló Nevares estipuló que la generación será más limpia y mejorará el impacto al medio ambiente, la ley no establece cómo se hará ni estipula pautas para los compradores.

Rosario criticó el pensar del director de la AEE, Walter Higgins, quien en vistas públicas expresó no apoyar la generación alternativa y defendió la generación por medio de carbón.

“La posición de Higgins es tan absurda. Era suficiente para que el gobernador lo botara y le quitara la llave”, dijo.

Una Comisión a ciegas

El estatuto le da a la Comisión el rol protagónico para que determine si las empresas y acuerdos cumplen con la política pública. El ente estará formado por cinco miembros, todos nombrados por el gobernador.

Si bien Rosario ve prudente que exista un “ente independiente que fiscalice el proceso”, entiende que lo harán a ciegas.

“La Comisión va a ponerle señales de tránsito al vehículo que creen, pero nadie ha dicho a dónde es que queremos llegar”, expuso.

No habla de microrredes

Uno de los componentes que varios expertos han resaltado como una virtud para crear un sistema efectivo y resiliente, son las microrredes. Este tema no está contemplado en la ley.

“Ya hay microrredes en comunidades y están funcionando”, aseguró. Además, resaltó que si este sistema formará parte de la política pública deberá ser consultado con el pueblo y tendrán que establecer parámetro “porque, actualmente, se están pagando a sobreprecio”.

“Yo estoy en contra de que les entreguen el País a los buscones”, remató.

Hay que trabajar en conjunto

Rosario solo ve posible que se cumpla con un buen proceso de trasformación si los legisladores ponen de su parte. Ante esto, recordó los meses que estuvo la Legislatura anterior discutiendo la medida del senador Eduardo Bhatia para “no lograr nada y estar ahora peor que nunca”.

“Podríamos hacerlo si en serio nos metemos y trabajamos. Requeriría que la Legislatura tuviera voluntad democrática, que no ha demostrado, llame a todo el mundo y nos sentemos a evaluar”, sugirió.

De lo contrario, “van a hacer lo que han hecho siempre, van a diseñar un vehículo de la nada, le van a asignar un chofer, van a obligar a la Comisión a dar los permisos, y después es que se van a preguntar a dónde es que vamos. Quizás, cuando terminemos lo que necesitaremos es volar”, sentenció.