Un grupo de catedráticos de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) emplazó este lunes en la mañana a varias agencias del gobierno a que se expresen en contra de la construcción de la planta incineradora de basura propuesta por la empresa Energy Answers en Arecibo.

Actualmente, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA) evalúa los alegatos presentados en un proceso de apelación, luego de que esta agencia aprobara en el verano un permiso de calidad de aire para la empresa.

Sin embargo, en una conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados en San Juan, se indicó que todavía faltan múltiples permisos por otorgar a Energy Answers para comenzar a construir la planta, como aquellos que evalúan la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En el foro federal, faltan permisos del Cuerpo Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y de la propia EPA.

Según los catedráticos, el permiso otorgado por la EPA se amparó en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la que no se consideró el impacto a la salud de la operación de la planta.

“Esta compañía ha admitido en la DIA que emitirá varias sustancias tóxicas al ambiente. Sin embargo, no han considerado que la exposición a la mezcla de sustancias tóxicas que serán emitidas pueda resultar en un efecto adverso mayor que el estimado por Energy Answers”, indicó la profesora Cruz María Nazario, quien censuró al gobierno central por mantener supuestamente silencio en la controversia.

“La JCA, la EPA, el Gobernador (Alejandro García Padilla) no se han pronunciado. El Gobierno pasado aprobó unos permisos, dio luz verde a que se continuara con el proceso, pero el Departamento de Salud no ha dicho nada. Quiero saber qué opinan”, dijo Nazario, quien aludió a un estudio de la Universidad de Harvard publicado en junio pasado, en que se establece que mujeres expuestas a altos niveles de tóxicos aéreos en su preñez tienen doble probabilidad de tener un hijo o hija con autismo, especialmente si es varón.

 En la conferencia de prensa, se indicó que Energy Answers ha plasmado en su DIA que habrá un incremento en los casos de cáncer en el área de Arecibo, pero que el número es “aceptable”, dijo Nazario.

El grupo de catedráticos también acusó a la empresa de no discutir “adecuadamente” la producción de plomo provocada por la quema de basura y argumentaron que esta quema liberará otras sustancias desconocidas.

El profesor José Norat, también catedrático de Salud Pública en la UPR, alertó sobre la liberación al aire de toxinas cancerígenas y dioxinas que se pueden acumular en tejidos y la grasa de las vacas que han convertido al vecino pueblo de Hatillo en el centro de la producción ganadera y de lácteos en el país.

 “Hay entre 200 y 300 sustancias que genera la quema de basura”, dijo Norat. “La compañía utiliza la premisa de que a toda basura que entre en la correa que va hacia la caldera se le van a remover los metales y las sustancias tóxicas. Eso es una premisa que hay que poner en duda a menos que se pruebe lo contrario”, insistió.

Otra premisa que Norat ha puesto en duda y que forma parte de la DIA es la capacidad de la empresa para el control de temperatura en la planta.

“Si no se hace correctamente, se van a producir dioxinas y hay razones para creer que el control de la temperatura en las calderas será más difícil que en Massachusets”, dijo Norat en alusión a una planta incineradora que opera Energy Answers en esa jurisdicción estadounidense.

“Aquí hay fluctuaciones en humedad que no tiene la planta de Massachusets. Eso hará más difícil controlar la producción de esos tóxicos”, agregó Norat, quien repudió que se proponga colocar medidores de control de aire en las chimeneas de la empresa y no en las comunidades que serán perjudicadas.

El grupo de catedráticos se expresó en contra del principio de la incineración de basura, que en el caso de Energy Answers se utilizaría para producir energía a ser comprada por la Autoridad de Energía Eléctrica.

Por ejemplo, Norat mencionó que la política pública gubernamental debe moverse en la dirección del reciclaje.

 “Aquí hay una contradicción. Si lo quemas, no lo puedes reciclar y cuando quemas el papel y el cartón quemas otras sustancias en la basura que crean tóxicos”, dijo.

Aunque la EPA le aprobó el permiso de calidad de aire a la empresa, el abogado ambientalista Pedro Saadé indicó que faltan otros permisos por otorgarse, entre los que mencionó el que evaluaría el Cuerpo de Ingenieros para la intervención con humedales en la zona de Arecibo; el permiso de ubicación de aire y el de operación de una instalación de incineración -ambos evaluados por la JCA-; y el permiso de uso de agua del Caño Tiburones, que sería conferido por el DRNA.

En una entrevista reciente, los asesores ambientales de Energy Answers rechazaron que la ceniza que se va a producir de la quema de basura sea tóxica.

Reacciona el Gobierno y la compañía

Laura Vélez, presidente de la JCA, indicó en entrevista telefónica que ante su agencia hay dos solicitudes de permiso pendientes: el permiso de construcción -conocido también como el permiso de aire- y el permiso de instalación de manejo de desperdicios sólidos.

 "Con el de aire, ya hay un borrador que fue a vistas el año pasado. Está pendiente ahora que un panel examinador emita su informe. Además, cuando ese permiso finalmente se vaya a sacar se le tienen que incorporar los requisitos del permiso PSD (Permiso para Prevención de Deterioro Significativo) de la EPA", dijo Vélez.

En cuanto al permiso de manejo de instalación, explicó que el programa de terrenos de la JCA evaluó una información presentada por Energy Answers y determinó que no estaba completo.

"Se le envió al proponente una solicitud de información y estamos esperando que contesten", mencionó la funcionaria.

Zaima Negrón, portavoz del DRNA, se remitió para atender el reclamo a la información brindada en julio pasado a El Nuevo Día por la secretaria Carmen Guerrero.

En una entrevista con END, Guerrero indicó que el DRNA va a "considerar" si le otorga o no una franquicia a Energy Answers para utilizar 2.1 millones de galones de agua del Caño Tiburones para operar la empresa. Actualmente, no hay una solicitud de permiso ante el DRNA de parte de Energy Answers.

A media tarde de este lunes, este medio no había podido contactar a la portavoz del Departamento de Salud para obtener una reacción.

Javier Vélez Arocho, asesor ambiental de Energy Answers y ex secretario del DRNA, refutó las alegaciones vertidas por los catedráticos de la UPR.

Mencionó que el permiso de aire emitido por la EPA utilizó como medida de dioxinas aceptable una cantidad 99% menor que la aceptada en la década de 1990: de 4,000 gramos por año a 15 gramos.

"Este tipo de facilidad (planta) ha pasado por un proceso de permisos bien riguroso", sostuvo Vélez Arocho en una entrevista telefónica. “En el análisis de riesgo.... no se tendrá un efecto sobre áreas como pastizales que consumen las vacas…tampoco habrá contaminantes como mercurio y plomo", agregó.

De hecho, Vélez Arocho sostuvo que, contrario a lo que plantearon los catedráticos, Arecibo no cuenta con un problema de calidad de aire relacionado a la presencia de plomo, aunque reconoció que los arecibeños sí han sido afectados adversamente por la operación de la empresa The Battery Recycling.

Según Vélez Arocho, las emisiones de plomo que produciría la empresa sería tan mínimas que no podría “ser leíbles por instrumentos”, lo que “está planteado en las más de 120 páginas de la DIA".

Destacó el uso de la palabra "aceptable" en la DIA cuando se aludió a los números de casos anticipables en relación a la operación de la planta. Argumentó que la propia EPA establece como "aceptable" que una persona en un millón de habitantes podría desarrollar cáncer asociado con una operación de incineración y esa probabilidad estadística es la que le aplicaría a la planta de Energy Answers.

"Hay que tener claro que Energy Answers nunca ha dicho que no habrá emisiones, pero nuestra facilidad (planta) no añadirá contaminación en Arecibo que no dañe la condición existente", afirmó el asesor ambiental.

Vélez Arocho insistió en que la empresa está dispuesta a instalar medidores de calidad del área en las comunidades cercanas en la planta, y que contará con controles de aire efectivos para capturar cualquier contaminación generara por la combustión de metales mezclados entre la basura que será incinerada.