El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty Pérez, decidió no apelar la decisión del Tribunal Supremo que les ordena distribuir en todos los colegios de votación las listas de los electores inactivos.

“Ya las listas se están imprimiendo”, informó Conty a este diario sobre las listas que se utilizarán para identificar a las personas que no pueden votar en estas elecciones, debido a que no acudieron a los comicios del 2008, y tampoco fueron a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a reactivarse.

Esta controversia judicial llegó anoche hasta el Supremo, luego de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston determinara en horas de la tarde del viernes que las leyes federales que establecen que no se pueden eliminar a las personas que no acudan a votar de una elección de las listas de electores activos, no le aplica a Puerto Rico.

 En una determinación de la mayoría, compuesta por los jueces Erick Kolthoff Caraballo, Rafael Martínez, Mildred Pabón Charneco, Luis Estrella y Edgardo Rivera García, se ordenó a la CEE imprimir las listas y distribuirlas en los centros de votación.

 “Resulta espinoso concebir cómo se puede cumplir con el mandato legislativo que recoge el artículo 6.012 del Código Electoral (que prohíbe que los electores inactivos voten), sin que los funcionarios de los centros de votación tengan las listas a su disposición”, dice la sentencia del grupo de jueces, todos nombrados por el gobernador, Luis Fortuño.

Los jueces de minoría que fueron nombrados por las administraciones del Partido Popular Democrático, Liana Fiol Matta, Anabelle Rodríguez y el presidente Federico Hernández Denton, suscribieron una opinión disidente en la que establecen que esta determinación es otro “ataque” al sistema electoral que se hace desde el Supremo y que "mancilla" la credibilidad de ese foro.

“Este tribunal arroja sombras sobre su legitimidad, al cambiar, sin base jurídica alguna, las reglas de juego. Con este dictamen, se contribuye a la turbidez sobre los resultados de esta elección y se lacera, de paso, la confianza ciudadana de esta institución”, indica la opinión escrita por la jueza Rodríguez.