Luego de 14 años de intensas batallas, los residentes de las comunidades que rodean el Caño Martín Peña celebraron hoy, viernes, la firma de un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico y agencias federales para sentar las bases del proyecto de restauración de este cuerpo de agua y ecosistema.

La alianza entre la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, el gobierno estatal, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos se concibió como un compromiso de colaboración hasta completar el dragado y finalmente resolver los problemas de contaminación y salubridad que sus condiciones actuales representan para los habitantes de la zona.

“Hemos superados muchos obstáculos para llegar aquí”, recordó Carmen Febres Alméstica, presidenta del G-8, organización que agrupa a las ocho comunidades aledañas al caño, durante la ceremonia para la firma, realizada en el área recreativa de la calle San José, en Hato Rey. “Hoy celebramos el que nuestra comunidad se haya unido y haya agrupado a tantos sectores para devolverle el caño a la ciudad y al país, para darle nuevas oportunidades de desarrollo económico a nuestra Isla, para reconectar las aguas del estuario, pero, sobre todo, para que nuestros niños y niñas puedan crecer sin inundaciones que amenacen su salud”. 

El acuerdo, resaltó Febres Alméstica, no significa que las máquinas llegarán inmediatamente a destapar el cuerpo de agua, sino que es una validación de la lucha comunitaria que les da a los residentes la certeza de que ese objetivo se va a alcanzar. 

Como refuerzo a su mensaje, varios vecinos vociferaron “¡El caño vive! ¡La lucha sigue!”.

El Proyecto de Restauración de Ecosistemas del Caño Martín Peña exige el dragado para la conectividad de las mareas entre la Laguna San José y la Bahía de San Juan, y la eliminación de más de 800,000 yardas cúbicas de sedimentos, escombros y basura. La gestión debe mejorar 6,600 acres de hábitat en el estuario de la Bahía de San Juan, la calidad del agua e impulsar la biodiversidad.

“Nosotros no tenemos una fecha de inicio del dragado. Hay un plan de trabajo que establece todos los pasos que hay que dar antes, durante y después de que se terminen las obras”, estableció la directora ejecutiva del Proyecto Enlance, Lyvia Rodríguez, quien resaltó que el acuerdo de entendimiento es un avance significativo hacia el objetivo.

Para continuar adelante, indicó, es necesario completar un estudio de viabilidad, que podría estar listo a principios del próximo año. Esta gestión, y su aprobación por parte del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, es fundamental para obtener los $150 millones autorizados condicionalmente por el Congreso de Estados Unidos para la obra.

Además, antes de iniciar los trabajos, señaló Rodríguez, hay que culminar con el proceso de realojo de familias. Ya se han relocalizado 500 y faltan otras 500. 

De acuerdo con la administradora de la Región 2 de la EPA, Judith Enck, este proyecto es la prioridad de su agencia en Puerto Rico y debe convertirse en un modelo nacional en la promoción de la resiliencia.

“La gente del caño ha sufrido por demasiado tiempo en términos de la contaminación, de las inundaciones, del impacto desproporcionado en estas comunidades. Sabemos que hay problemas de salud y es un asunto serio que debemos resolver. Soy fiel creyente de cuando la gente lidera, los líderes los siguen”, expuso Enck, quien estuvo acompañada por la subsecretaria del Departamento de la Defensa de Obras Civiles de Estados Unidos, Jo-Ellen Darcy. 

Mientras, el gobernador Alejandro García Padilla catalogó la firma del acuerdo como un hito y “un grito que despierta la conciencia de los puertorriqueños de que para vencer problemas tenemos trabajar unidos”. En su alocución, hizo un llamado a la gente a no depositar basura en las cuencas, pues ha sido la acumulación de escombros y la ubicación de estructuras muy cercanas unas de otras lo que ha impedido que el agua fluya a través del caño. Como consecuencia, las aguas usadas que entran al canal no pueden ser eliminadas y en eventos de lluvias fuertes, el agua contaminada inunda las calles de las comunidades que lo rodean. 

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se unió a la alegría por el logro de la firma del entendimiento. “Ahora sí se puede decir que el proyecto del dragado del Caño Martín Peña se va a hacer realidad”, expresó. 

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, enfatizó en el reconocimiento de las distintas agencias a las problemáticas del Caño Martín Peña como un asunto, no solo de las 26,000 personas que lo rodean, sino como un problema que concierne a todo el país. “No hay derecho a que nuestros niños y niñas jueguen en agua con excremento humano. No hay derecho. Por eso, hoy es un gran día. Hoy es otro comienzo para la recta final de hacerle justicia a la gente del Caño Martín Peña”, acotó. 

Como preámbulo a este acuerdo, el lunes pasado, el Municipio de San Juan aceptó invertir $180 millones en los próximos 14 años para mejorar su sistema de alcantarillado pluvial y detener las descargas contaminantes que por décadas han llegado a los cuerpos de agua, provocando inundaciones tóxicas durante eventos de lluvia. Con este compromiso, el gobierno municipal aseguró que cumplirá plenamente con la Ley federal de Agua Limpia.