El jueves y viernes de la semana que viene se llevarán a cabo en Ponce vistas públicas sobre la reforma de la Policía en el Tribunal Federal.

El juez federal Gustavo A. Gelpí notificó que el 22 y 23 de octubre, testificarán más de una docena de funcionarios y representantes de varias organizaciones. Además, informó que el asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio, ofrecerá un mensaje al finalizar las vistas.

"El propósito de esto es para informar a la corte y al público del progreso del trabajo para implementar la reforma de la Policía y escuchar los planes futuros y los pasos que están tomando para asegurar que la reforma va tal como se acordó", indicó Gelpí en una orden que figura en el expediente electrónico del caso.

"La corte está comprometida a la transparencia y busca asegurar que la estructura de la reforma de la Policía cumpla su potencial, cumpla su cometido, mientras garantice y asegure acceso del público a información importante concerniente a todas las comunidades durante este proceso importante", agregó el juez, quien recordó que las mismas serán abiertas al público en general.

El jueves, participarán, entre otros, el exgobernador Rafael Hernández Colón; el superintendente de la Policía, José Caldero López; el secretario de Justicia, César Miranda; la representante del gobernador, Maritere Rivera Corujo; la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri y la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal.

El viernes testificará la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez; el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez; el líder comunitario Roberto "Papo Christian" Pérez; así como Myra Rivera, de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS), entre otros.

"La corte aclara que las vistas no son adversativas. El espíritu de colaboración genuina y asistencia mutua debe guiar los procesos de la reforma. La corte exhorta a los panelistas a enfocarse en sus respectivos testimonios", añade la orden.

La reforma de la Policía fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

El acuerdo contempla cuatro áreas básicas, que son: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para que no hayan prácticas discriminatorias a la hora de los arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, reuniéndose periódicamente y atender sus reclamos en 90 días; e implementar sistemas de información y tecnología.