Como el cuento del lobo, que tras múltiples amenazas está cerca de atacar a su presa, se podría describir el escenario “crónico” que experimenta la ASEM desde 1957 (para entonces la Junta Provisional de Centro Médico) pues, según Jiménez, no cuenta con un modelo o estructura adecuada para cumplir los compromisos económicos con sus proveedores y diversas organizaciones gubernamentales a tono con los términos acordados con las partes.

“Esta situación emergió principalmente como producto de las deudas acumuladas de las Entidades Participantes (Departamento de Salud, Hospital Psiquiátrico, Hospital Municipal, Recinto de Ciencias Médicas, Centro Cardiovascular, Hospital Pediátrico, Hospital Oncológico, Hospital Industrial, entre otros) con la organización, las deudas acumuladas de las aseguradoras de planes médicos a partir de 1998, así como por la diferencia de los costos que conllevan los servicios y las tarifas pagadas por la industria aseguradora de los mismos en conjunto con la estructura organizacional adoptada y la dinámica interna sobre la toma de decisiones”, determina el exdirector ejecutivo en su informe realizado en 2016.

Precisamente, la semana pasada Primera Hora publicó una entrevista en el que el director médico de Sala de Emergencia de ASEM, Carlos “Charlie” Gómez, explica el riesgo económico que supone para el Centro Médico tener que operar entre una deuda acumulada que sobrepasa los $100 millones, un recorte al presupuesto de más de $17 millones y el hecho de que pocas veces se puede recuperar los gastos médicos de muchos de los pacientes atendidos en el Hospital de Trauma, particularmente de los heridos de bala, personas accidentadas en autos, peatones lesionados e individuos apuñalados.

En ese sentido, Jiménez destacó en su estudio que uno de los factores estructurales que influyó y sigue siendo relevante a esta problemática es la política del estado de atender a todo paciente, sin importar su capacidad económica. También destacó los hechos de que, por ejemplo, ACAA no cubra los casos de trauma que llegan a causa de drogas o alcohol, el costo operacional-transaccional de los acuerdos/contratos con los contribuyentes del Centro Médico (incluyendo pactos laborales), la provisión de médicos y medicamentos a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y las emergencias ocurridas en actividades multitudinarias, como las Juntas Inter-Universitarias y las Fiestas de la Calle San Sebastián, entre otras.

“Esa ha sido la dinámica histórica y la propia Legislatura reconoció la problemática y ahí es cuando cambia lo que en 1962 se llamó como la Corporación de Servicios del Centro Médico y pasa a ser en el 1978 lo que se conoce como la actual Ley 66 de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. Esta ley buscaba una solución al problema de organización, financiamiento y prestación de servicios de salud… había una cantidad abrumadora de deudas entre los propios componentes del Gobierno. Pero, finalmente, no resolvió nada”, dijo Jiménez en entrevista con Primera Hora sobre el estatuto que buscaba soluciones económicas y de gobernanza.

Según Jiménez lo que vino después hubiera sido catalogado en términos médicos como una “condición crónica”. 

Para tratar de remediar la situación, las administraciones buscaron soluciones que sólo fueron un parcho en la gran herida. Por ejemplo, intentaron negociar planes de pagos o posponerlos, se solicitaron líneas de crédito al Banco Gubernamental de Fomento, se recurría a la Legislatura para obtener asignaciones para las operaciones y adquisiciones de equipos, entre otras gestiones, que sólo fueron un remedio temporero a la gran crisis que cada año aumenta a pasos agigantados y pone en riesgo la operación de la institución hospitalaria más importante de Puerto Rico y el Caribe. Es en Centro Médico donde existen las únicas salas de emergencia terciarias y supraterciarias para atender los casos de pacientes politraumáticos. Además, es una gran fuente para el desarrollo de la investigación y educación médica.

“Todo esto nos llevó a concluir que la insolvencia financiera de la ASEM, es principalmente de carácter secundario e inherente a su diseño organizacional”, opina quien laboró inicialmente como decano de administración del Recinto de Ciencias Médicas por 12 años y, posteriormente, fue el director ejecutivo de ASEM.

Tanto Jiménez, como pasados administradores (bajo todos los partidos políticos), han intentado buscar soluciones al problema recurriendo a la Legislatura en pos de nuevos estatutos o garras que abonen a la salud fiscal del Centro Médico. Algunas fueron aprobadas, pero son en la actualidad “leyes muertas”, como es el caso de Ley 112 de 2005, la cual ordenaba al secretario de Salud y director ejecutivo de ASEM a preparar un plan de reorganización. Un documento se llegó a presentar a estos fines en 2007, pero no ocurrieron acciones afirmativas de trascendencia. 

“En otra ocasión propusimos un proyecto que obligaba a los pacientes que sufrían accidentes causados por vínculos con drogas o alcohol a que pagaran parte de lo que se invirtió en su tratamiento médico cuando fueran a renovar la licencia de conducir. O que al menos se estableciera un plan de pago… pero eso murió en los plenos de los cuerpos legislativos”, expresó Jiménez, quien ahora trabaja en Estados Unidos para una empresa privada que diseña modelos alternos organizacionales para sistemas de salud.

Otra propuesta que pasó el cedazo del Senado, pero se engavetó en la Cámara de Representantes, fue una medida que propulsaba el pago en bloques por parte de las aseguradoras, haciendo un estimado con sus actuarios de cuál era la cantidad que se iba a incurrir en un año por el Centro Médico por atender los pacientes adscritos que llegaran hasta la institución. El estimado lo harían basado en estadísticas de dos años anteriores. Con esta acción se buscaba garantizar por adelantado unos ingresos a la  maltrecha salud fiscal del centro hospitalario.

Aunque descarta la privatización del Centro Médico, Jiménez ve saludable las alianzas con hospitales privados mediante acuerdos similares a los que se hizo con el Centro Médico de Mayagüez. “Establecer una red de hospitales con los que se cree un sistema similar ayudaría a reducir los costos de operaciones en Centro Médico. Igual creo que sería efectivo las redes de médicos para que atiendan desde sus oficinas ciertas condiciones de salud”, manifestó quien también apuesta a la integración de inteligencia artificial combinada con el expertise médico, el cual se está probando de forma experimental y con éxito en Estados Unidos, pues cambia dramáticamente la calidad de los servicios a la vez que reduce los precios de los procedimientos.

Pero de lo que está convencido es que hay que evitar con acciones a corto y a largo plazo que el lobo ataque a su presa, en este caso el Centro Médico, pues podría suscitarse una tragedia sinigual.

“Si colapsara, se crearía una crisis humanitaria”, reflexionó.