Los abogados de 19 porteadores escolares que demandaron a dos agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se reunieron con los representantes legales del gobierno, según recomendó el juez federal Jay García Gregory, pero no llegaron a acuerdos relacionados con la cancelación de contratos para la transportación diaria de miles de alumnos de aulas públicas.

El 31 de julio pasado, transportistas escolares sometieron una demanda a nivel federal contra el gobernador Alejandro García Padilla, y los departamentos de Educación y de Justicia por cancelar sus contratos por un término de cinco años, basados en la Ley Especial de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conocida como Ley 66, solicitando una orden de interdicto, por entender que se les violaron derechos constitucionales. Los demandantes reclamaron que se invalide la cancelación de los contratos.

García Gregory recomendó a las partes reunirse para ver si se llegaba a un acuerdo y dicho encuentro se llevó a cabo el 6 de octubre pasado.

Sin embargo, la abogada que representa a la parte demandada, Wandymar Burgos Vargas, informó mediante moción que no se pudo llegar a un acuerdo y solicitó la desestimación del pleito civil.

Burgos Vargas indicó que el abogado de la parte demandante, Francis T. Pagán Martínez, señaló que sus clientes sostienen que se violaron sus derechos constitucionales al cancelar los contratos, por lo que la abogada opinó que "no hay nada más que hacer más que litigar el caso".

La representante legal indicó que la cancelación de los contratos es un acto autorizado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 66, pero como cuestionan la ley, "no podría haber una negociación".

"Respetuosamente solicitamos que la única acción a tomar por parte de esta corte es la desestimación de la demanda", concluye Burgos Vargas en su escrito.

El 30 de junio pasado, el Departamento de Educación canceló el contrato de porteadores escolares. Estos alegan que se les violaron sus derechos constitucionales, por lo que solicitaron a nivel federal una orden de interdicto preliminar y permanente por daño irreparable, además de que se afectan los servicios de transportación para estudiantes de educación especial y con discapacidades físicas. Alegan que la Ley 66 excluye los servicios profesionales y no profesionales pagados con fondos federales.

Los demandantes en este caso son Tito Ramírez Bus Service, Sergio A. Colón Colón, Elizabeth Marrero, Andrés Maldonado Ruiz, Rancel Bus Service, Inc., Charlie de Jesús Torres, Emilio Vélez Rosario, Luis Serrano Serrano, Wilfredo Torres Vega, Waldemar Torres Ortiz, Karen N. Ramos Serrano, Ernesto González Cordero, Freddy Cruz Vélez, Edwin Maldonado, Heriberto Acevedo Millet, Aníbal González Santiago, René Faría Torres, Alexis Santiago Colón, e Iván Ruiz Dorta.