La representante María Milagros Charbonier presentó dos querellas contra el presidente de la Comisión cameral de Ética, Nelson Torres Yordán, en medio de una investigación que se realiza en su contra por unas supuestas irregularidades cometidas por ella en el cobro de servicios profesionales al municipio de Canóvanas.

La primera de las querellas la presentó el pasado lunes ante la propia Comisión de Ética que preside el legislador y la segunda ante el Tribunal Supremo, explicó la representante a este diario.

La disputa surge por unos señalamientos hechos en el 2007, en un informe de la Oficina del Contralor, contra la ahora representante Charbonier. El mismo le imputó cobrar indebidamente $54,850 al municipio por prestar servicios legales en contra de la ley, por facturar por servicios que ella no prestó y por presentar facturas con horas duplicadas y horas adicionales no autorizadas.

 Según Charbonier, Torres Yordán, quien también preside la Comisión del Contralor, pretende investigar un caso que fue adjudicado a su favor por el exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, sin habérselo notificado.

“No tuvo la deferencia de verificar el status del caso y otra cosa es que no tuvo la deferencia de notificarme a mí que me está investigando para yo inhibirme, porque soy miembros de la Comisión del Contralor. No me notificó, lo que representa una falta ética, porque me está haciendo incurrir en una conducta impropia”, sentenció la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La querella de Charbonier ante la Comisión cameral de Ética, específicamente, le imputa cinco cargos a Torres Yordán.

 El primero alega que el presidente, no está facultado en ley para enviar un requerimiento de prueba, que explicó fue enviado el 27 de agosto y la Comisión no se constituyó hasta el 29 de agosto, con la aprobación del reglamento.

Destacó, además, que el requerimiento era uno defectuoso. Esto se debe a que el número de informe del Contralor que solicitaba Torres Yordán al municipio de Canóvanas, correspondía a uno de Toa Baja.

 El tercer cargo es falta de jurisdicción para investigar el informe del Contralor. Esto se debe a que a su juicio, la Comisión no puede seleccionar al azar informes que ya fueron evaluados por la Legislatura y el Departamento de Justicia. Pero, más allá, sentenció que el reglamento que se aprobó para operar la Comisión estipula que todos los informes que serán evaluados deben ser notificados a los miembros. Este paso no se dio, alegó Charbonier.

El cuarto cargo es que “a mí no se me notifica que me están investigando, haciendo me incurrir en una violación de ley, porque no me estoy inhibiendo”. “Quieren que cometa una conducta impropia”, precisó.

 El quinto cargo también está relacionado a que Torres Yordán aprobó el reglamento de la Comisión del Contralor, luego de haber enviado el requerimiento al municipio de Canóvanas.

En cuanto a la querella ante el Tribunal Supremo, Charbonier acusó a su compañero abogado de “salirse del marco de la ley para perseguirme a mí, incluso perseguir al alcalde de Canóvanas (José “Chemo” Soto)”.

 Además, la novoprogresista acusa a Torres Yordán de difamación por supuestamente haber adjudicado en el requerimiento a Canóvanas que “yo cobré ilegalmente”, de amenazar al alcalde de adjudicarle un desacato si no envía la información requerida, sin advertirle que ese proceso conlleva un paso en los Tribunales, así como pretender que violentara la ley por no haberse inhibido de participar en la Comisión ante una investigación en su contra.

“¿Tú sabes dónde esto va a terminar? En los tribunales. A mí me puede investigar, que haga lo que quiera, pero algún día tendrá que responder de las barbaridades que está haciendo”, afirmó Charbonier, al explicar sus querellas.

Este diario se comunicó con el relacionista público del legislador, Daniel Hernández, para solicitar una reacción a las querellas. No obstante, dijo que el legislador no comentaría sobre la situación.

 Estas querellas saltaron a la luz pública por un comunicado de prensa que envió Torres Yordán para informar que se inhibiría del proceso que realizará la Comisión de Ética para analizar la querella en su contra. Con esa determinación, quedaría al frente de la pesquisa el representante Carlos Bianchi Angleró.

De paso, el legislador alegó que la querella ética en su contra busca “entorpecer la labor fiscalizadora de esta Comisión (del Contralor)”.

Según indicó Torres Yordán, “la intención y el deber de la Comisión Conjunta es hacer valer las determinaciones y que se ejecuten las acciones correctivas necesarias para una sana administración pública, según contenidas en los informes de auditorías de la Oficina del Contralor”.

 Agregó que “sin embargo, la actual representante Charbonier aparentemente al enterarse de los requerimientos de información sobre el mencionado informe, radicó una querella frívola e inoficiosa”.

“Quiero dejar claro que esta acción denota la obvia intención de la señora Charbonier de entorpecer la labor fiscalizadora de esta Comisión. Pero, es mi deber velar por el cumplimiento de las más sanas políticas de administración pública. Independientemente de quien esté implicado, siempre velaré por la mejor utilización de los recursos del pueblo. Ninguna querella viciosa, sin fundamentos, ni malintencionada me desviará de mi responsabilidad”, expresó el representante.

El legislador indicó que presentará pronto la contestación a la querella en su contra.