Una reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), como medida para atender la crisis fiscal de esa agencia, fue catalogada hoy, jueves, por el gobernador Alejandro García Padilla como "un chisme de camino".

Sin embargo, poco antes de la conferencia del primer ejecutivo, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, no descartó una eventual reducción de jornada para el personal de la ACT, cuando fue abordado por varios periodistas en la sede del Departamento de Desarrollo Económico.

Torres, quien no acompañó a García Padilla en su rueda de prensa, pero estuvo reunido con el mandatario y otros miembros del gabinete en un salón cercano, aclaró que ese recurso sería "una última opción" en la dependencia, cuya deuda con el Banco Gubernamental de Fomento se ha estimado al presente en $2,200 millones.

"Ya el secretario (Torres) y el director (de ACT, Javier Ramos) contestaron que eso es un chisme de camino. No es correcto", dijo García Padilla al minimizar el asunto. “No se está considerando. La primera vez que lo escuché fue al entrar aquí", agregó.

Mientras, insistió en que su administración tomará medidas para lidiar con la situación de la ACT, pero nuevamente no precisó qué iniciativas se tomarán a corto plazo. La deuda de la ACT en el BGF representa el 24% de la cartera de préstamos de esa entidad, según su presidente, Javier Ferrer.

La ACT, después de la privatización de la PR-22, también conocido como el expreso De Diego, operado hoy por Metropistas, dejó de devengar ingresos sustanciales y al presente se encuentra insolvente.

Debido a la crisis en ACT, así como en otras dependencias estatales y a insuficiencias presupuestarias severas, el crédito del Gobierno está expuesto a una nueva degradación, según se ha advertido en reportes de peritos como Advantage Business Consulting (ABC).

García Padilla no respondió cuando se le preguntó si su administración solicitó la actualización del estudio de ABC titulado “Consecuencias Económicas y Financieras de la Degradación de la Deuda del Gobierno de Puerto Rico por Debajo del Grado de Inversión”.

El estudio, al igual que apreciaciones de varios economistas, apunta a la necesidad de una reducción mayor de empleos en el Gobierno, entre otras medidas drásticas, si ocurre una degradación del crédito de Puerto Rico a rango especulativo.

Esa situación podría suponer la pérdida de unos 100,000 empleos, la erosión de $4,600 millones a los inversionistas locales y un colapso de la actividad económica en el orden del 5%, según varias proyecciones grises de una economía en estancamiento hace seis años.