La vista para considerar el interdicto que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) sometió contra cuatro de sus uniones, en respuesta al paro realizado en la madrugada de ayer, quedó pospuesta para el próximo viernes, 13 de junio.

La jueza Giselle Romero, del Tribunal de San Juan, fijó la fecha posterior, debido a que no se había emplazado a la Unión de Auditores Internos de la CFSE, que figura en la lista de demandados junto con la Unión de Empleados de la CFSE, Unión de Médicos de la CFSE y Unión de Contadores y Auditores Externos de la CFSE, con sus respectivos lideratos.

Entretanto, las partes en pleito se reunieron tras la vista para negociar en privado.

En la demanda, el alegato central del patrono es que el paro violó los acuerdos contenidos en los convenios colectivos, que expresamente prohíben a los unionados recurrir a “la interrupción o reducción en el ritmo de trabajo, paro de clase alguna, ni a piquetes en horas laborables para resolver sus diferencias”.

Ante este argumento, el presidente de la Unión de Empleados del CFSE, Rafael Otero Rivera, cuestionó por qué no se aplica la misma lógica cuando el gobernador Alejandro García Padilla “determina hacer un cierre forzoso” días antes o después de un día feriado, como sucedió el pasado 17 de abril.

Indicó que en esas ocasiones “el patrono mismo paraliza las operaciones y decide no dar un servicio”, como citas, casos por radicar e incluso cirugías. 

“Si uno va a reclamar algo, uno no lo puede hacer”, señaló Otero Rivera, quien opinó que la demanda es “parte de la intención del Gobierno de amedrentarnos a nosotros los trabajadores”.

En entrevista separada, Migdaly Ramos, directora de relaciones laborales del CFSE, señaló que un paro y un cierre por día concedido son situaciones muy distintas, porque “los días concedidos se anuncian con tiempo, está el acceso al Hospital Industrial en todo momento y se permite la coordinación de servicios en las regiones”.

Mientras, la subadministradora de la CFSE, Guelmarie Vázquez Mestre, se reafirmó en que la manifestación del jueves y la anterior, el 21 de mayo, provocaron disloques en los servicios médicos, quirúrgicos y de emergencia que a diario se brindan a miles de empleados lesionados.

“Ayer (jueves) las oficinas regionales, que realmente son CDT, estuvieron cerradas. Y allí hay salas de cuidado inmediato donde se reciben emergencias”, explicó.

Vázquez Mestre ofreció como ejemplo que "cancelamos las citas de operaciones, incluidas las de neurocirujanos, (en las) que ahora mismo la espera está sobre un año".

Alegan que no se negaron servicios 

El líder de los médicos unionados del CFSE, Héctor Benítez, por su parte, rechazó que se hayan negado servicios en el Hospital Industrial durante los pasados dos paros y que se ha permitido la presencia de personal médico gerencial e incluso el acceso a doctores sindicalizados que tuvieran pacientes pendientes de ser atendidos.

Tanto Benítez como Otero aseguraron que se negoció con la administración del hospital para asegurar que así fuera. Además, Benítez alegó que dos manifestaciones no alteran la realidad cotidiana en la CFSE que incluye “falta de medicamentos, citas prolongadas y falta de personal para atender a los patronos y a los lesionados”.

A su juicio, “eso tiene una intención: desmantelar los servicios, para decir que el servicio es ineficiente y desmantelar la corporación (pública)”.

Ambos líderes sindicales afirmaron que las manifestaciones buscan no solo proteger los beneficios negociados, sino también alertar sobre las supuestas intenciones del Gobierno de desangrar las arcas del Fondo para justificar una eventual privatización de la corporación que sirve trabajadores públicos y privados.

“Esa es nuestra indignación”, concluyó Otero.