Llueve y no escampa para el legislador.

El representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz, quien está bajo fuego por un alegado incidente de violencia doméstica con una subalterna, y por supuestas irregularidades con donativos y el manejo de su oficina legislativa, se aferró ayer a su silla en la Legislatura.

El legislador cameral deberá comparecer este jueves a las 9:00 de la mañana a la División de  Integridad Pública del Departamento de Justicia en Miramar, San Juan.

La citación, según supo Primera Hora, le fue hecha desde el pasado viernes.

Rodríguez Ruiz dijo que no dejará su escaño, pese a que tanto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares como el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, le pidieron que sometiera la renuncia.

El Gobernador, también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP),   le exigió que dimita o que aclare de inmediato las imputaciones en su contra.

“Ante los señalamientos públicos contra el legislador Ramón Rodríguez Ruiz, estoy impartiendo instrucciones como gobernador de Puerto Rico para que el Departamento de Justicia proceda a investigar todas las alegaciones que han trascendido relacionadas al representante a la Cámara, conforme lo dispone nuestro ordenamiento legal”, indicó por escrito Rosselló Nevares.

“Si no puede ofrecer una explicación razonable, para cada una de las alegaciones, debe renunciar a su escaño. Esa ha sido mi posición en cada uno de este tipo de casos durante el tiempo que llevo presidiendo el PNP y ocupando el cargo de gobernador. El servicio público requiere transparencia y absoluta honestidad en el desempeño de nuestras responsabilidades”, agregó.

¿Usted renunciará?,  preguntó Primera Hora a Rodríguez Ruiz.

“Negativo”, respondió y dijo que hoy hablará “de todo” en una conferencia de prensa.

Posteriormente, en declaraciones escritas calificó de “falsas” y de “patraña política” las declaraciones de su exempleado, Rafael Rodríguez Molina, quien negó haberle hecho algún tipo de obsequio económico a Rodríguez Ruiz. 

Rodríguez Molina aparece haciendo cinco donativos de $300.00 en 2016 a Rodríguez Ruiz, en un informe que presentó el legislador ante el Contralor Electoral.

El representante del PNP indicó que “fueron donativos en especie, por el uso de una guagua de sonido durante la pasada campaña”.

Sostuvo que las declaraciones de Rodríguez Molina “surgen luego que se diera a conocer el sentir de varios líderes en Santa Isabel solicitando una candidatura” suya para la alcaldía por el PNP. 

“Los informes están claros en la Oficina del Contralor Electoral y garantizo que no hay ninguna ilegalidad”, dijo por escrito el legislador.

Rodríguez Molina laboraba para Rodríguez Ruiz y fue despedido en julio pasado, junto a otros empleados; ahora es empleado municipal en  Santa Isabel.

Por su parte, Méndez le pidió a su colega que renuncie a su escaño por el Distrito 27, amparándose en el Artículo III, Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico.

Méndez dijo que en el transcurso de la investigación que ordenó sobre el incidente de violencia doméstica imputado a Rodríguez Ruiz, han surgido nuevos aspectos que, aunque no están relacionados directamente con la situación original, “han levantado grandes dudas sobre el proceder del representante Rodríguez, incluyendo la posible violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.

En declaraciones escritas, Méndez agregó que otros aspectos “continuarán siendo investigados” por el Oficial Investigador asignado a este caso, el exfiscal Ernie Cabán. 

“Nunca he tolerado y jamás toleraré alguna conducta que manche el nombre de esta Cámara de Representantes”, sostuvo Méndez.

El pasado 10 de noviembre, el nombre del legislador apareció en una querella de violencia doméstica sometida por su entonces directora de la oficina regional, Soniel Torres Suárez.

 En el informe, se detalla que el representante por el Distrito 27 (Aibonito, Coamo, Santa Isabel y Salinas), la agredió en el rostro.

 Luego, la presunta víctima cambió su versión, aunque hay varias investigaciones en curso.

El alcalde de Santa Isabel, Enrique  Questell dijo que “debemos esperar” a que las investigaciones se completen. 

“Es muy lamentable toda esta situación para una persona que apenas empieza su carrera política, así como para todas las personas involucradas”, indicó el alcalde y añadió que respetaba las expresiones del gobernador y del presidente de la Cámara.