Un grupo de líderes y representantes comunitarios acudieron este jueves al Capitolio para visitar las oficinas de los legisladores en busca de apoyo para enmendar la Ley de Expropiación Forzosa, según lo propuesto en el Proyecto de la Cámara 2321.

El cabildeo procura modificar el estatuto “para que esté más a tono con la realidad económica actual” y para proteger los derechos de propiedad privada de las comunidades, sobre todo las más desventajadas, explicó la licenciada Adi Martínez Román.

La coordinadora del Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico precisó que la citada pieza legislativa se sometió el 2 de febrero, a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara y fue redactada por estudiantes de derecho y líderes comunitarios. 

“La Ley de Expropiación Forzosa ha sido utilizada de una manera bastante abusiva contra algunas comunidades, especialmente las comunidades desventajadas. Con este proyecto lo que buscamos proteger, no solo a las comunidades desventajadas, sino a todo propietario puertorriqueño del abuso del poder de expropiación forzosa del estado”, dijo a este medio Martínez Román.

La abogada explicó que una expropiación forzosa es el poder que tiene el gobierno central y los municipios para quitarle la propiedad privada a alguien que no quiera vendérsela al Estado. Para hacerlo, debe cumplir con dos requisitos. 

Primero, el gobierno tiene que pagar “la justa compensación” (entendido como el valor de la propiedad en el mercado) y segundo, garantizar que el terreno sea para uso público.

Sin embargo, Martínez Román recordó que en varias comunidades no se ha cumplido con esos criterios.

“Por ejemplo, el Barrio Antonsanti, en Santurce, dejó de existir porque iban dizque y que a densificar el área y allí lo que hay es un terreno baldío ahora mismo. Y eso fue hace 10 años”, destacó la abogada.

Manifestó que el Proyecto 2321 garantiza los derechos civiles de los ciudadanos al proveer causa de acción por violación de derechos civiles, incluyendo el derecho a la paz comunitaria y condición social. Además, provee para que toda oferta de transacción de compra sea por escrito y si proceden a expropiar que la justa compensación sea igual o mayor a dicha oferta.

La enmienda, además, requiere que las expropiaciones se anuncien por altoparlantes, cruzacalles y en avisos casa por casa. También se requeriría que se realicen vistas públicas en todos los casos y que las partes interesadas tengan garantizado un turno para presentar ponencias. 

Además, se especifica que el tribunal debe considerar la prueba que se presente para cuestionar el uso público alegado por el gobierno, entre otras cosas.

“Esto va a proteger a cualquier hijo de vecino. Si alguien es dueño de su casa y viene el gobierno o una agencia a expropiarle, tendría derecho a que le den vistas públicas, que pueda participar, que le den derechos de realojo, que le notifiquen como tiene que ser y si le van a dar la propiedad a otra persona privada, que se haga una consulta comunitaria”, resumió.

Martínez Román sostuvo que el proyecto, que está ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por Luis Vega Ramos, irá a vistas públicas el próximo 6 de mayo.