El Gobierno retomará los planes de impulsar un proyecto vial entre Hatillo y Aguadilla en un intento por aliviar el tráfico en esa zona, pero no lo hará necesariamente mediante la extensión de la Autopista De Diego (PR-22), sino que desarrollaría un corredor que puede integrar múltiples alternativas para atender ese problema.

Para ejecutar la obra, cuyo costo podría rondar los $1,000 millones, la administración de Alejandro García Padilla recurrirá al modelo de las Alianzas Público-Privadas (APP), que según el propio mandatario, se perfila actualmente como uno de los instrumentos para promover la construcción de obra pública, en aras de crear empleos a corto y mediano plazo, y estimular así la frágil economía.

Javier Ramos Hernández, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), explicó que el corredor que proponen puede incluir la construcción de una autopista que discurra paralela a la PR-2, como también puede abarcar la conversión a expreso de esa antigua vía, mediante la eliminación de semáforos y la construcción de elevados, como se hizo en la ruta entre Ponce y San Germán.

Incluso, comentó que podría contemplarse la posibilidad de establecer carriles expresos en la PR-2 e imponer el cobro electrónico por su uso, o una combinación de varias alternativas.

“Hay un sinnúmero de variantes. Las posibilidades siguen existiendo, y por eso estamos en un proceso de discusión”, apuntó el director ejecutivo de la ACT en entrevista con este medio.

La discusión pública del proyecto comienza este martes en el Teatro José A. Monrouzeau, en el centro urbano de Hatillo, y se extenderá hasta la semana próxima en Quebradillas, Isabela, Aguadilla, Moca y Camuy, que son los otros cinco pueblos que resultarían impactados por la construcción.

“Esto es un proceso abierto, y por eso es que lo que estamos haciendo con ese taller es presentarles a la ciudadanía y los municipios de qué se trata el proceso. Será un proceso de participación ciudadana en el que recibimos el insumo, se discuten las posibles alternativas, y otras posibles alternativas que pueden surgir para, de esa manera, luego poder tomar una decisión”, dijo Ramos Hernández.

Para los encuentros, han sido convocadas organizaciones privadas, agencias del gobierno estatal y federal, entidades municipales y otros grupos de interés.

El titular de la ACT precisó que, aunque todavía no se ha determinado si el proyecto requerirá la asignación de fondos federales, hay que incluir en el debate a las agencias del Gobierno estadounidense, pues la PR-22 y la PR-2 forman parte del sistema de carreteras de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés).

Por eso, entidades como el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre intervendrán en el proceso, y el Gobierno estatal deberá entregar a fin de mes a las autoridades federales un plan de coordinación que delinee la estrategia a seguir.

El titular de la ACT no descarta citar reuniones adicionales en el proceso con las comunidades y agencias participantes para profundizar sobre algunos aspectos, como los estudios ambientales requeridos antes de que avance la fase de planificación y construcción.

 Este no es el único proyecto que se vislumbra promover bajo la estructura de las APP. Ramos Hernández indicó que también está en la mira la posible extensión de la PR-5, en Bayamón, y el desarrollo del tren de cercanía entre Caguas y San Juan.

Señaló, además, que entre los planes inmediatos está el desarrollo de una intersección a desnivel entre las carreteras PR-21 y la PR-18, que conectaría el Centro Médico con el propuesto Centro Comprensivo de Cáncer. Las obras requieren una inversión de unos $16 millones que se costearán principalmente con fondos federales y en menor cantidad con recursos del estado.

Asimismo, a un costo estimado de $50 millones, se impulsará la culminación de un anillo de circunvalación en la PR-9 al norte de Ponce.