El superintendente de la Policía, José Caldero López, dijo esta mañana que la agencia que dirige colabora con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en cuanto a estadísticas se refiere para la expansión del Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito (Simone), conocido también como las fotomultas.

“Personal de nosotros está trabajando con todo. Van haber unas recomendaciones especialmente para buscar que se coloquen otras (cámaras) en intersecciones donde tenemos problemas de accidentes”, afirmó el jefe policiaco al revelar que tras la instalación de las tres cámaras iniciales, el DTOP está solicitando estadísticas sobre accidentes en otras intersecciones.

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Caldero indicó que por lo menos a él no se le consultó antes de que se implantara el proyecto piloto en tres intersecciones. Sin embargo, supo este medio, el tema sí se discutió en reuniones del DTOP con otros funcionarios de menor jerarquía en la Policía.

“Es una decisión que tomó Obras Públicas, pero entiendo que todo lo que sea bueno para prevenir los accidentes lo recibimos”, dijo Caldero López al indicar que tras la instalación de las cámaras sí ha sostenido reuniones con el DTOP y con la Comisión de Seguridad en el Tránsito.

El sistema Simone, diseñado para detectar violaciones de ley como exceso de velocidad y rebasar la luz roja, está ubicado en el puente Dos Hermanos en el Condado; en la intersección de la avenida Piñero con la calle Escorial frente a la escuela superior Gabriela Mistral, y en el semáforo de la carretera PR-177 o avenida Los Filtros, frente al centro comercial Santa María.

El DTOP, a través de su secretario Miguel Torres, ha reiterado que el sistema está diseñado con la intención de prevenir accidentes de tránsito y ha rechazado que se trate de un esquema para recaudar dinero.

La implantación del sistema Simone, otorgado a una compañía privada llamada International Traffic Systems, LLC sin que mediara una subasta, ha sido blanco de críticas y cuestionamientos sobre su eficacia y la posibilidad que se utilice para violentar los derechos civiles de los ciudadanos.

Como parte del acuerdo con la compañía privada la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) deberá garantizar a la compañía $6 millones de inversión inicial de capital si rescinde el contrato antes de que hayan transcurrido cinco años desde el inicio de operaciones del sistema.