Las enmiendas que trabaja el Ejecutivo sobre el Artículo 200 del Código Penal, conocido como la "Ley Tito Kayak", no impedirían su derogación, pero buscarían garantizarles remedios legales a quienes puedan resultar perjudicados por la paralización de obras de construcción como parte de una protesta.

El gobernador Alejandro García Padilla afirmó el miércoles que la disposición que sanciona con tres años de cárcel la obstrucción o paralización de obras de construcción debía ser enmendada, pero este jueves el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg, anticipó que el Artículo 200 será derogado.

"El compromiso es que el Artículo 200, como está redactado, tiene que derogarse porque la manera en que está hecho, legislativamente se construyó para hacerlo estrictamente para los casos del gasoducto", indicó el exrepresentante popular.

Según Colberg, ese estatuto "se hizo a la medida para meter preso a aquellos líderes ambientalistas que fueran a protestar sobre el gasoducto" concebido bajo la administración de Luis Fortuño. Pero, al igual que el primer ejecutivo, advirtió que las garantías sobre el disfrute de la propiedad cobijan igualmente a los megaproyectos como a los trabajos a menor escala que cuenten con los permisos requeridos.

El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y uno de los asesores legales del gobernador analizan si es necesario darle mayores garras al Código Penal o incluso al Código Civil para fijar responsabilidades contra aquellos que detengan los trabajos en un proyecto de construcción durante una manifestación.

La evaluación se enfoca en determinar si se tipifica esa conducta como delito menos grave en el Artículo 197 del Código Penal, que sanciona la entrada a una finca o heredad ajena en ciertas condiciones, o si se fija algún tipo de responsabilidad como parte del Artículo 1802 del Código Civil, que impone obligaciones cuando se causa daño mediando culpa o negligencia.

"Para dejar clara la intención, se va a revisar el lenguaje de las otras disposiciones para saber si no hay duda alguna de que es así, que nadie podrá malinterpretar, o levantar o invocar una defensa de reclamar una disposición en ley que no esté clara. Y esa es la parte que se está revisando", dijo Colberg.

Estimó que ese análisis podría completarse "en los próximos días", y que una vez finalizado se sometería ante los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, respectivamente, para comentarios y acción legislativa.