Un grupo de comerciantes que ofrece servicios a las personas que realizan gestiones en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) rechazó hoy, miércoles, un proyecto de ley que prohibiría su actividad en los predios o terrenos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y alertaron a la Legislatura que el verdadero problema es la corrupción que persiste en dichas dependencias.

El proyecto lleva la firma del vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, pero fue radicado por petición ante dicho cuerpo legislativo. No se informó quién o quienes lo peticionaron.

Hablando en representación de al menos 29 comerciantes de este ramo que se están constituyendo en la Asociación de Comerciantes de Servicio al Conductor, Jeffrey E. Mena dijo ante la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación del Senado, que el grupo no se opone que se regule su actividad, pero rechazó la propuesta legislativa.

“De la forma en que se presentó el proyecto amenaza con destruir a un sector de pequeños comerciantes de Puerto Rico, que emplean cientos de médicos, abogados, personal administrativo y clerical”, expresó Mena.

Afirmó que estos negocios han contando con un apoyo masivo del pueblo puertorriqueño que los ha auspiciado y utilizado para completar todos sus trámites y diligencias relacionadas a los servicios que ofrece el Cesco “de forma rápida, organizada y económica”.

El portavoz de los comerciantes afirmó que ninguno de ellos se opone a que sus negocios sean regulados, de la misma forma que se regulan a los llamados gestores y a las escuelas de conducir, siempre y cuando no se haga algún requerimiento de distancia mínima de un Cesco.

Corrupción: el gran problema

Tras afirmar que el grupo ha buscado reunirse con oficiales del Cesco para discutir formas para mejorar sus servicios y sugerir cambios en los procedimientos de la agencia que agilicen los procesos, Mena sostuvo que lo más urgente e importante es “atacar la corrupción interna de la agencia, la cual nos afecta de forma adversa a nosotros como industria y a nuestro bolsillo como comerciantes”.

Esa afirmación provocó el interés de los senadores presentes en la audiencia, quienes reclamaron más información al deponente.

Mena afirmó que le consta de propio conocimiento que hay corrupción en los Cesco y ofreció como ejemplos que hay personas que pagan fuertes sumas de dinero para obtener traspasos de vehículos, sin la presencia del dueño y sin atravesar por el largo proceso que eso conlleva; afirmó que ha tenido en sus manos licencias falsificadas producidas con equipo de la agencia y que también se cobra buen dinero por cambiar la clasificación de las licencias de conducir sin tener que tomar los exámenes requeridos.

Según el deponente, para que estas cosas ocurran tiene que haber empleados dentro de la agencia que lo posibiliten y expresó que los oficiales del gobierno a cargo conocen de la existencia de estas prácticas y que incluso podrían saber quiénes son los empleados que podrían estar incurriendo en fallas.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Martín Vargas, propuso a la Comisión que refiera al Departamento de Justicia la denuncia formulada por el deponente, lo que fue acogido por el presidente del organismo legislativo, Pedro A. Rodríguez González.