Con las leyes de cabotaje Jenniffer González no se va a meter, porque asegura que no hay un impacto tan grande ná.

La funcionaria contradijo estudios previos que apuntan a que el efecto negativo de la Ley de Cabotaje de 1920 o Ley Jones -que obliga que la transportación marítima entre los Estados Unidos y la Isla- se haga en barcos estadounidenses es de $537 millones.

También contradijo un informe de 2011, de la Administración Marítima de EE.UU. en que se reconoce que operar la transportación de productos, mercancías y materias primas en buques con la bandera estrellada es 2.7 veces más caro que bajo una bandera internacional. 

Según González, el 60% de lo que Puerto Rico importa viene de países fuera de la jurisdicción de EE.UU.

La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, D.C. dijo que la metrópolis se ha expresado en contra de la eliminación de esas leyes y que “hay que concentrarse en lo que sí podemos cambiar”.

Precisamente, González logró firmar ayer un acuerdo de entendimiento con la Coalición del Sector Privado para ir a buscar juntos que se incluya a Puerto Rico en la Reforma Contributiva que se cocina en el Congreso.

La idea es que todo el País se declare Empowerment Zone, lo que permitirá un crédito contributivo a las empresas que inviertan aquí en el sector de manufactura.

Para tranquilizar a sus huestes, González dijo que no sería un tratamiento especial ya que otras jurisdicciones de EE.UU. han recibido esa demarcación de zona.

Además, es una medida que se puede sostener sin importar que sigamos con el status político actual o con la estadidad. 

También acordaron buscar que a las manufactureras estadounidenses que se establezcan aquí se les pueda aplicar la Sección 199 del Código de Rentas Internas Federal para darles un crédito de 9% sobre sus ganancias. 

A esas empresas se les pide aumentar hasta un 35% las compras locales que deben hacer, lo que aplica desde servicios hasta productos de distintos tipos.

 “Esto es cónsono con la propuesta del presidente (Donald) Trump de traer empresas domésticas americanas al territorio de Estados Unidos. Puerto Rico ya produce bajo el label Made in USA. Eso nos da otra herramienta adicional para que se utilice a Puerto Rico como jurisdicción espejo y que puedan traerse industrias grandes a Estados Unidos”, indicó.

Para enamorar a esas empresas también utilizarán los argumentos de que en la Isla tenemos la infraestructura necesaria, mano de obra diestra, conocemos cómo se hace la cadena de suministro y los costo aquí son mucho más económicos que en el resto de los estados, indicó.

Se espera que la Reforma Contributiva federal se considere entre marzo y mayo; para entonces González espera tener un proyecto de ley con las iniciativas descritas.