Con el argumento de que el contrato entre el representante Charlie Hernández y la Asociación de Legisladores Municipales nunca entró en vigor, la Comisión cameral de Ética despachó este lunes la querella contra el legislador popular por aparentes conflictos éticos en el desempeño de sus funciones.

La Comisión de Ética, presidida por el representante Nelson Torres Yordán, no halló causa para investigar a Hernández amparándose en que el contrato nunca estuvo vigente, pues supuestamente se había acordado que cobraría efecto luego que la comisión legislativa emitiera una opinión sobre la relación contractual entre ambas partes, y eso nunca ocurrió.

Sin embargo, Torres Yordán reconoció que ninguna cláusula en el contrato establece tal condición, y se refirió a una disposición que permite a los firmantes enmendar el documento luego de su ratificación.

"Explícitamente, por escrito en el contrato, había una cláusula que establecía que si cualquiera de las partes decidía enmendar el mismo lo podría enmendar, y entre las partes y en todos los escritos que teníamos se expresaba que ambos determinaron que en base a la consulta a la Comisión de Ética era que se iba a determinar si entraba en vigor o no entraba en vigor, consulta que nunca se realizó a nuestra comisión", enfatizó Torres Yordán al destacar que el Tribunal Supremo ha validado tanto los contratos orales como los escritos.

"El contrato existe, pero nunca entró en vigor... El caso queda cerrado y se desestima la causa con perjuicio", añadió en referencia a que ese organismo no podrá pasar juicio nuevamente sobre las alegaciones contenidas en la querella.

Esta es la tercera queja que se presenta ante la comisión relacionada con el contrato de Hernández y la Asociación de Legisladores Municipales. En las primeras dos, el organismo legislativo no asumió jurisdicción aduciendo que el querellante carecía de propio y personal conocimiento, pero en esta ocasión, se proveyó a los representantes recortes de prensa y grabaciones difundidas en varios medios en las que las partes reconocían la existencia del contrato.

La querella se basa en que, luego de firmar el contrato, Hernández votó a favor de una asignación de fondos para la asociación como parte de la consideración del presupuesto general de este año fiscal, y que presuntamente intervino para que la partida de la entidad no fuera recortada. La Comisión de Ética determinó que nadie se benefició del acuerdo contractual.

 Minutos después que se conociera la decisión, Hernández dijo sentirse "reivindicado", y manifestó haber "aceptado" que esta vez el organismo asumiera jurisdicción para "despejar toda duda" sobre los señalamientos en su contra.

"Nuevamente se demuestra que los señalamientos fueron una patraña política diseñada para lesionar mi imagen y adelantar causas mezquinas. No nos dejaremos intimidar por aquellos a quienes les molesta mi mensaje y mis luchas", indicó el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara de Representantes en declaraciones escritas.

 Los miembros de la minoría en la comisión, los representantes Ricardo Llerandi y Carlos "Johnny" Méndez, criticaron la determinación por entender que existían razones suficientes para dar curso a una investigación.

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) insistieron en que no existía prueba que confirmara que la vigencia del contrato estaba supeditada a la opinión consultiva que Hernández nunca solicitó a la Comisión de Ética.

"El contrato reafirma que no había condición suspensiva, que no había obligación condicionada, y para todos los efectos, estaba vigente al momento del representante tomar votación", señaló Llerandi.

Llerandi dijo que, en su respuesta a la querella, Hernández dijo que desistió del contrato el 21 de junio, mientras que en recortes de prensa afirmó que eso ocurrió con la aprobación del presupuesto el 28 de ese mes.

Mientras, Méndez aseguró que lo que buscaban era que, con la pesquisa, se aclararan todas las interrogantes, y rechazó que las verdaderas intenciones fueran sembrar dudas sobre las implementación de la figura del legislador ciudadano para revertir la reforma legislativa recientemente aprobada.

"Aquí ocultaron la transparencia de todo este proceso... Se alega que nunca se ha cobrado (en referencia a Hernández), pero no lo sabemos", puntualizó.

La Cámara de Representantes no aprobó durante la primera sesión ordinaria un Código de Ética nuevo atemperado a los cambios contenidos en la llamada reforma lgislativa, y aún rige sus trabajos por el viejo estatuto, que no contemplaba algunos detalles noveles relacionados con los ingresos extralegislativos de los representantes.

 Más temprano, el gobernador Alejandro García Padilla dijo estar confiado en que la Comisión de Ética descargara sus funciones de forma “justa y rápida”.

"Espero que los representantes tomen la decisión que sea la correcta, sin miramientos políticos", argumentó García Padilla durante una conferencia de prensa en la escuela Gabriela Mistral para anunciar que ya se inició el suministro de materiales a las aulas, de cara el inicio del nuevo semestre.

A pesar de sus discrepancias públicas con Hernández sobre aspectos políticos y de gobierno, García Padilla destacó que "nunca puedo decir que se le pueda vincular a un acto de ventajería o de enriquecimiento".