“Como no tengo hechas, no tengo sospechas”, respondió el primer ejecutivo al ser cuestionado sobre las implicaciones que tendría sobre su gestión gubernamental la alegación de Hernández Pérez ante las autoridades federales.

García Padilla reiteró que está disponible para comparecer ante cualquier foro para establecer que no ha tenido que ver con el esquema que se le imputa a Hernández Pérez, así como a otras nueve personas, que incluye soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión.

Sostuvo que la directora de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, ha asegurado públicamente que él, ni ningún miembro de su familia, son blancos de investigación agencias federales.

El gobernador hizo estas expresiones durante la entrega de 29 títulos de propiedad de fincas agrícolas a familias de Yauco, Ponce, Villalba, Las Marías, Ciales y Camuy.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el barrio Río Cañas de Las Marías, el primer mandatario también reiteró que les ha pedido a todos los funcionarios de su administración que cooperen ante cualquier pedido de ayuda por parte de las autoridades federales y estatales, e insistió en que “el que no tiene hechas, no tiene sospechas”. 

Cuando se le preguntó si le preocupa que Hernández Pérez señale a algún funcionario de su administración o alguien cercano a su administración, respondió “no puedo conjeturar”.

Asimismo, dijo que no iba a hacer conjeturas sobre los incidentes por los que Hernández Pérez se declararía culpable. “Esto es bien sencillo: el que tiene hechas, que tenga sospechas. Como yo no tengo hechas, no tengo sospechas… No voy a conjeturar que ese sea al caso y que Anaudi está llegando a un acuerdo por eso. Yo no lo sé y mi exhortación a todos los ciudadanos y ciudadanas es que cooperen, que digan la verdad de todo lo que saben”, dijo.

“Qué lleguen al fondo de lo que tienen que llegar… Ni mi hermano, ni yo, ni ninguno de los que yo tengo a bien llamarle hermanos, que han ido allí a testificar, no tienen hechas, ni sospechas”, abundó al responder preguntas de periodistas.

García Padilla descartó haber pecado de ingenuo con la amistad del ahora acusado de corrupción. “Esto (la amistad) es algo del campo. No lo encuentro tan comúnmente en la ciudad. Yo no miento sobre mis amistades cuando caen en desgracia y no me arrepiento porque yo soy amigo en las buenas y en las malas. Así me enseñaron en mi casa”, aseveró García Padilla.

Sin embargo, señaló que no se ha comunicado desde hace “mucho tiempo” con Hernández Pérez como “comenté cuando hubo las acusaciones”.

Rehusó comparar este caso con los casos de corrupción por los que resultaron convictos varios funcionarios y allegados de la administración del exgobernador Pedro Rosselló en la década de 1990. 

“El gobernador (Pedro) Rosselló tenía la mitad de su gabinete preso. Comparar aquello con esto es comparar gimnasia y magnesia”, sostuvo García Padilla.

Luis Gerardo "Jerry" García Padilla, hermano del gobernador, testificó ante el gran jurado, como parte de la investigación que culminó con las acusaciones criminales.

Según las autoridades federales, las agencias afectadas por el esquema fueron la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las penas aplicables en este caso son cinco años por conspiración para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.

Los coacusados en el caso son la exdirectiva de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), destacada al momento de su arresto en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de La Fortaleza, Sally López Martínez; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; el ayudante operacional de ese cuerpo legislativo, Glenn Rivera Pizarro; el exempleado de la Cámara Víctor Rafael Burgos; la directora de la Oficina de Compras y Logística de la AAA, Sonia Barreto Colón; la exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves; su hermana Marieli Falcón; y los empresarios Carlos Luna y Muñiz Álvarez.

Este último también aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Al acusado se le denegó libertad bajo fianza porque supuestamente amenazó a una potencial testigo. Recientemente se indicó que sería trasladado a una institución en Estados Unidos, pero su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, solicitó al juez que no se vaya del Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, y Delgado acogió la misma, por lo que ordenó al Negociado de Prisiones (BOP) que no sea trasladado.

Según la pesquisa, en un primer esquema de corrupción se implicó a Hernández Pérez con López Martínez, a quien éste recomendó a la posición directiva de ADL al Gobernador a través de su hermano. Fue así que el principal acusado registró compañías luego de las elecciones del 2012 y logró contratos con la agencia. También le hizo costosos regalos, los que anotaba en un registro, según señalaron las autoridades federales.

Se alega que el segundo esquema se produjo con Falcón Nieves y Barreto Colón, donde lograron un contrato firmado por Alberto Lázaro, a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas.

Un tercer esquema de corrupción se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta "corrupto" en el que la compañía de Hernández Pérez 3CommGlobal obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente.

En una conferencia de estatus que se llevó a cabo en enero, se adelantó que la prueba es voluminosa y que la fiscalía cuenta con alrededor de 100 testigos.

Entre los que declararon ante el gran jurado que investigó este caso fueron: el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, fue citado en dos ocasiones a declarar ante el gran jurado. También se supo que testificaron Luis Gerardo García Padilla; el secretario del Trabajo, Vance Thomas; la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi; la senadora del PPD Maritere González; el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Harry Rodríguez; y Erick Reyes Colón, identificado como un amigo cercano del Gobernador, quien se alega fungió como parte de su comité de finanzas durante la campaña del 2012.