Ante la anunciada alza en los cánones de arrendamiento, un nutrido grupo de concesionarios que operan en los aeropuertos regionales de la Isla cuestionaron hoy con insistencia la fórmula que utilizará la Autoridad de los Puertos (AP) para aplicar el aumento tarifario.

La AP celebró desde horas de la mañana una vista pública conducente a elaborar un nuevo reglamento que contenga el alza en la renta a partir del año próximo, y desde el inicio de la audiencia quedaron evidenciadas las dudas y el descontento que prevalece entre los empresarios por la manera en que la corporación pública ha tramitado la implementación de es incremento.

Las quejas se centraron en la insuficiencia de información y la falta de disponibilidad de los reglamentos y otros documentos en los que se fundamenta la AP para justificar un nuevo canon de arrendamiento equivalente al 8% de la tasación de las propiedades.

“Claramente, la AP ha incumplido con los requisitos mínimos, básicos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, particularmente con el asunto del expediente”, indicó el licenciado Emil Rodríguez, en representación de la compañía San Juan Jet, que opera vuelos fletados, en referencia a la poca documentación accesible para los operadores de concesionarios.

“No pueden legislar o cuasi legislar utilizando esto como base porque aquí no ha habido cumplimiento con ese requisito mínimo. Solicitamos que se deje sin efecto esta vista pública para los propósitos cuasi legislativos”, insistió.

Rodríguez recomendó que se utilicen los comentarios vertidos en la vista para elaborar un expediente robusto que se haga disponible al público y que luego pueda ser comentado en una audiencia posterior.

La sugerencia no pareció ser bien acogida por el oficial examinador contratado por la AP, el licenciado Guillermo San Antonio Acha, quien enfatizó que la vista de este martes, en la que se discutió específicamente el caso del aeropuerto Fernando Ribas Dominicci de Isla Grande, marcó el inicio del proceso de consulta, y que habrá otras oportunidades para discutir el alza propuesta.

“No piensen que se les fue el tren. Va a haber otra vista, hay otros mecanismos para que ustedes examinen lo que no han examinado. Van a tener acceso al mismo análisis con personas de su confianza y expertos, y lo pueden comentar”, comentó San Antonio Acha cuando los presentes reclamaron que no habían tenido oportunidad de revisar el voluminoso estudio sobre la tasación que realizó la AP.

La licenciada Ingrid Colberg, asesora legal de la AP, precisó que los interesados pueden examinar una copia del documento en la Oficina de Tarifas de la entidad pública.

Otro de los deponentes, que se identificó como Gonzalo Aponte, recalcó que el Manual de Cumplimiento de los Aeropuertos de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) dispone que el canon de arrendamiento que se establezca debe ser “justo y razonable”.

Rolando Padua, gerente general del Negociado de Aviación de la AP, quien participó junto a otros directivos de la corporación pública a modo de panel, reconoció que el porcentaje que se pretende aplicar para fijar la nueva renta no figura en ningún reglamento, sino que “está reconocido por uso y costumbre por la FAA” y “es la práctica” en los aeropuertos regionales de Estados Unidos.

Víctor Suárez, director ejecutivo a la AP, no compareció a la vista efectuada en el Centro de Convenciones, pero poco después atendió a la prensa en su oficina en el mismo edificio, y reiteró que la agencia federal ordenó establecer rentas en los nueve aeropuertos regionales “basadas en el justo valor en el mercado de las propiedades” para hacer las instalaciones autosostenibles.

“En el pasado, la AP ha negociado contratos de rentas llenos de favoritismo, llenos de arbitrariedad, y vas a tener ocupantes del aeropuerto con distintos cánones de renta, unos bien favorecidos, otros no tan favorecidos, que han provocado la situación financiera que tiene la AP en estos momentos”, argumentó.

 Afirmó que entre un 5% y 10% de los concesionarios no pagan arrendamiento a la AP, y existen otros cuya renta se mantiene fija al valor del mercado en la década de 1960.

El titular de la AP explicó que la costumbre en Estados Unidos es que se hace la tasación, y se fija una tarifa de entre un 5% y 12% de ese valor. El acuerdo con la FAA, según dijo, es que en la Isla se aplicaría una tasa de entre 5% y 8%, y se inclinan por el máximo.

“Me niego a decir que es un aumento porque vas a tener casos en que hay una reducción de renta basado en el valor del mercado. Eso depende del negocio que se ha hecho en el pasado, que hay algunos que se nota que están llenos de favoritismo”, manifestó.

“Este es un proceso de consulta a la comunidad aeroportuaria, donde vamos a escuchar los planteamientos serios que se puedan traer para considerarlos y añadirlos al reglamento. Lo que no vamos a aceptar es que gente que ha sido beneficiada con favoritismo, que nunca han pagado un centavo de renta a la AP, traten de presionar para que las cosas que hay que hacer se hagan”, aseveró.

Suárez estimó que el proceso de vistas públicas se extenderá por 30 días. La próxima audiencia será el 5 de diciembre, también en el Centro de Convenciones, para discutir el caso del aeropuerto de Aguadilla.