El proyecto para crear la Ley de Empleo Ahora que sometió La Fortaleza a la Asamblea Legislativa requiere tantas enmiendas que podría resultar más conveniente la preparación de un proyecto sustitutivo, sostuvo hoy, martes, el presidente de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, Luis Raúl Torres, tras concluir el primer día de audiencias públicas sobre la importante medida.

La necesidad de enmiendas para aclarar procesos y precisar definiciones resultó evidente durante la participación del equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla, cuando estos informaron y reiteraron en varias ocasiones que el proyecto ya fue objeto de cambios y está abierto a nuevas revisiones.

El director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Francisco Chévere, incluso presentó en su ponencia algunos de esos cambios ya sugeridos por La Fortaleza al proyecto radicado.

Mencionó entre estos una enmienda para aclarar el funcionamiento del crédito energético y establecer un mecanismo de reembolso entre el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Energía Eléctrica; para disponer de dónde saldrá parte del dinero para cubrir los subsidios salariales que se ofrecen; para ampliar el papel del Banco de Desarrollo Económico en la propuesta y para establecer que el “método alterno de concesión de permisos” será administrado solamente por la Oficina de Gerencia de Permisos.

Los legisladores, tanto de la mayoría del Partido Popular Democrático, como del Partido Nuevo Progresista, presentaron también sugerencias, que fueron acogidas por el grupo gubernamental.

“Tenemos dos alternativas para trabajar el proyecto. Una es con las enmiendas que estamos trabajando, tanto las que ya hemos incorporado como las sugeridas aquí por el propio componente de Desarrollo Económico y por los distintos sectores empresariales”, dijo Torres.

“Voy a discutir con el presidente (de la Cámara, Jaime Perelló) la posibilidad de hacer un proyecto sustitutivo, lo cual nos permitiría entrar con un proyecto sin tener que incorporar tantas enmiendas, siendo un proyecto diferente al que hemos recibido”, agregó.

“Tenemos que discutirlo con los miembros de la comisión y con el señor presidente. No obstante, si no vamos a hacer un sustitutivo, todas estas enmiendas van a ser incorporadas a lo que es la pieza legislativa”, aseguró.

“Van a haber muchos cambios en términos procesales, en término de protecciones a áreas como han sido sugeridas aquí, pero tenemos que darle celeridad a todo el proceso. Por eso, nosotros hemos estado consistentemente trabajando con los asesores legislativos del gobernador, con el componente de desarrollo económico. Yo comencé diálogos con las organizaciones que representan a las organizaciones de empresarios y mañana vamos a continuar con las otras ramas de gobierno y otros empresarios”, dijo el legislador.

“Queremos que este proyecto sea un proyecto que tenga el mayor consenso posible para ponerlo en funcionamiento, porque hace falta la creación de estos empleos. Hay un desespero bien grande en la calle de mucha gente desempleada que quiere que se le de una oportunidad de trabajo y por eso es que le tenemos que dar celeridad”.

Defensa de la propuesta

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, encabezó el componente gubernamental en las audiencias y defendió la propuesta, con la aclaración de que tendrá enmiendas.

Afirmó que el proyecto “propone una serie de beneficios muy puntuales que van dirigidos directamente a aliviar el problema de costos operacionales en Puerto Rico”, y enumeró los distintos beneficios que, en términos generales, contiene la propuesta.

 “La efectividad y el éxito de este proyecto se basan en un plan estratégico a corto plazo, de efectividad inmediata, de iniciativas rápidas y capaces de transformar la situación actual del país con un rendimiento y resultados de mediano y largo plazo”, dijo Bacó.

 Destacó entre los principales beneficios que se ofrecen el crédito energético y el sistema alterno de permisos que, dijo, “ataca dos de las preocupaciones principales que más nos han comunicado los empresarios y comerciantes del país: el costo de la energía y la burocracia excesiva de la permisología”.

Apoyo condicionado

Por su parte, las agrupaciones empresariales que acudieron hoy a las audiencias condicionaron su apoyo a que se acepten sus numerosas sugerencias, algunas de las cuales – se aclaró – fueron ya resueltas con las enmiendas sometidas a la medida.

Tanto el Centro Unido de Detallistas (CUD), como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), concentraron sus propuestas en que la legislación tiene que dirigirse a apoyar al pequeño y mediano empresario local y que los subsidios e incentivos no deben beneficiar a las grandes cadenas extranjeras que no están creando nueva riqueza en el país.

“Ante la falta de recursos del estado, no tiene sentido utilizar el dinero público para subsidiar actividades, que además de no generar nueva riqueza, no necesitan esos recursos para establecerse en la Isla o para expandir sus operaciones”, sostuvo el director ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso.

Ambas organizaciones sugirieron que se excluya de los incentivos “a aquellos comercios al detal de cierto tamaño en adelante”, así como que se evalúe la posibilidad de utilizar criterios de localización y competencia en determinadas áreas al momento de otorgar tales beneficios.

La Asociación de Industriales, mientras tanto, acogió la legislación pero también presentó varias objeciones y sugerencias para mejorarla. En particular, objetó que se excluya de estos beneficios a las empresas que estén cobijadas por alguna otra ley de incentivos y, en el caso particular de la manufactura, a las que disfruten de algún “decreto” que le otorga incentivos contributivos.

También la Cámara de Comercio recomendó cambios similares a la legislación, y su presidente, Pablo L. Figueroa, expresó que la organización “avala la aprobación de la medida, siempre y cuando se tomen en cuenta las recomendaciones y comentarios aquí incluidos”, refiriéndose a la ponencia presentada ante la Comisión.