En su primera evaluación de las operaciones relacionadas con la emisión de bonos y el pago del servicio de la deuda, la contralora Yesmín M. Valdivieso responsabilizó a la Legislatura del impago de $93,656,231 a los bonistas.

La expresión la hizo en un informe de auditoría a la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), publicado este lunes. El mismo cubre el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2015.

El señalamiento sobre el impago específicamente establece que “el 15 de julio de 2015 la CFP no realizó la transferencia electrónica por $93,656,231 al Trustee, correspondiente al pago del servicio de la deuda del año fiscal 2015-16, según estipulado. Esto, al no contar con la asignación de los fondos por parte de la Asamblea Legislativa”.

Ese dinero, según explicó, se debía pagar como parte de los acuerdos que la CFP entabló con los bonistas bajo la administración de Luis Fortuño para tomar prestado, entre el 18 de agosto de 2011 al 28 de junio de 2012, la suma de $1,090,740,000.

La contralora expuso en el informe que como consecuencia del impago, los bonistas contrataron una firma de abogados para tomar acción legal contra el gobierno de Puerto Rico y una agencia acreditadora degradó los bonos.

En otro de sus comentarios especificó que “dicha situación afectó adversamente el crédito del gobierno de Puerto Rico, al provocar la acción inmediata de agencias calificadoras de crédito. Por otro lado, los bonistas se afectaron al no recibir los pagos acordados”.

Para solucionar este efecto del impago, la contralora recomendó “continuar con los esfuerzos para renegociar la deuda, trascendidos públicamente”.

También le indicó al gobierno que cumpla “con los más altos estándares de transparencia financiera de los mercados de capital para lograr una negociación más efectiva” y que tome medidas para que otra situación de impago no se vuelva a repetir.