La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa sobre, entre otros, el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios profesionales, y la construcción de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Loíza, donde detectó sobregiros y varios déficit acumulados.

El informe, difundido hoy revela algunos déficit acumulados del 2012 al 2015 por 5, 4,9, 6 y 8 millones de dólares, respectivamente.

El déficit registrado en el 2015 por ocho millones, constituía el 75 por ciento de déficit en el Fondo Operacional.

Para esos años fiscales el municipio también sobrestimó los ingresos de patentes, IVU y arbitrios por 17 por ciento, 49 por ciento, 54 por ciento y 43 por ciento, respectivamente.

El entonces alcalde y el director de finanzas no administraron eficientemente las finanzas del municipio y, sobrestimar los ingresos locales, ocasionó los déficit presupuestarios.

La auditoría de ocho hallazgos señala que los gastos en Loíza excedieron los ingresos por 5,1 millones de dólares y el Informe de Flujo de Efectivo reflejó sobregiros por 171.679 dólares en 17 fondos.

Los sobregiros en los fondos y en las partidas presupuestarias contribuyeron a caer en déficit y crear situaciones fiscales "indeseables" y "precarias".

Además el Municipio formalizó un préstamo con el Banco Gubernamental de Fomento por 1.9 millones en el 2012 los cuales reprogramó en el 2014 para pagar un millón de dólares que debía al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y al Internal Revenue Service (IRS).

Además, al 31 de diciembre de 2015 adeudaba 957.136 dólares al Departamento de Hacienda, AEELA, Servicios Generales y al IRS del dinero que se le descontaba a los empleados en sus nóminas pero no remesaban a dichas entidades.

"Estas situaciones agravan el margen prestatario del Municipio e impide que los empleados tengan acceso a los beneficios a los que tienen derecho", señala la contraloría.

Contrario a la Ley 81-1991, el municipio pagó bienes y servicios por 62.438 dólares, sin obtener las cotizaciones requeridas de al menos tres proveedores representativos del mercado y se formalizaron seis contratos por 199.892 dólares para construcción, sin que el director de finanzas obligara los créditos presupuestarios para el pago de los contratos. Además, no se encontraron para examen 17 comprobantes de desembolso ni sus justificantes por 72.794 dólares.

El informe también refleja que en los estados financieros del 2012 al 2014 se cuestionaron los desembolsos por 64.261 dólares efectuados con cargo a los fondos federales del Community Development Block Grant.

El informe cubre el periodo del 1 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015.