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Contralora le saca los trapos sucios a Ciales

Por Bárbara J. Figueroa Rosa / [email protected] 03/18/2017 |00:01 a.m.
No es la primera vez que la Contralora emite un informe sobre este municipio. (Archivo)  
Sin colores. Tiró al medio 12 hallazgos serios contra las administraciones del exalcalde popular Juan Rodríguez Pérez y el actual penepé Luis “Rolan” Maldonado

Las arcas municipales de Ciales llevan varios años en un abismo que cuelga de un hilo y en gran instancia a causa del mal uso que se le ha dado a sus fondos  los cuales han sido utilizados para pagar obras sin utilidad, multas que pudieron ser evitadas y cuantiosas demandas que ha enfrentado el ayuntamiento y que incluyen denuncias de hostigamiento sexual y discrimen político, entre otras violaciones de derechos civiles.

Así se desprende de una auditoría de las operaciones fiscales de Ciales que efectuó entre el periodo de 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015 la Oficina de la Contralora Yesmín Valdivieso, quien tuvo una opinión “parcialmente adversa”  en los 12 hallazgos  señalados  contra las administraciones del exalcalde popular Juan Rodríguez Pérez  y el actual ejecutivo penepé Luis “Rolan” Maldonado.

En el informe de 65 páginas se menciona que ambos alcaldes incurrieron en acciones donde, supuestamente, hubo desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la construcción de obras y mejoras permanentes, las compras de bienes y servicios, la adjudicación de subastas, la contratación de servicios profesionales y consultivos y desembolsos, entre otros. Que conste que no es la primera vez que la Contralora emite un informe sobre este municipio.

Entre los hallazgos que más podrían llamar la atención se destaca el pago de $1.3 millones a 13 empleadas del Programa del Child Care que en el 2013 demandaron al exalcalde  en el Tribunal Federal por discrimen político.

Las demandantes solicitaban una compensación  de $19.5 millones por daños compensatorios y daños punitivos, además de la reinstalación a sus puestos y el pago de honorarios. En junio de 2015 un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra el municipio y el exalcalde. El Tribunal ordenó al ayuntamiento a pagar a las demandantes $1,095,447 por salarios dejados de devengar, daños y angustias mentales e interese presentencia. También ordenó a Rodríguez Pérez  a pagar en su capacidad personal $65 mil ($5 mil por cada empleada) y la reinstalación a sus puestos.

Sin embargo, en julio de 2015 la Legislatura Municipal, mediante resolución, ratificó y autorizó un Acuerdo de Transacción y Relevo General entre las partes, en el cual el municipio se comprometió en pagar $1,320, 000 en cuatro plazos distribuidos entre agosto y noviembre de 2015 y enero y agosto de 2016.

“No encontramos el desglose del pago acordado ni los funcionarios y abogados de las partes pudieron suministrarnos el mismo. El 4 de agosto de 2015 el Tribunal Federal aceptó dicho acuerdo. Al 30 de noviembre de 2015 el municipio había pagado $582,590 correspondientes a los dos primeros plazos”, se explica en el informe de Valdivieso quien agregó en el documento entregado a la prensa que la acción del exalcalde fue en contra del artículo II de la Constitución y del artículo 11 de la Ley 81 de 1991.

“El alcalde se apartó de las disposiciones citadas, utilizó criterios políticos en la toma de decisiones y no protegió los intereses del municipio”, agrega el documento en el que se menciona que esta situación afectó los recursos disponibles para prestar servicios a los cialeños.

Mientras, Rodríguez respondió a través de una misiva enviada a la Contralora que incurrió en el despido de las empleadas pues estas prestaban servicios por contrato y él entendió que no estaba obligado a renovarles el mismo.

“Entendemos los empleados por contrato no adquieren derecho de permanencia en el puesto para el cual fue contratado”, expresó el exalcalde más no se precisó si pagó la multa impuesta en su carácter personal.

Valdivieso hizo también varios “comentarios especiales” en el informe donde mencionó un acuerdo transaccional por dos demandas incoadas en contra del municipio por hostigamiento sexual. Una de ellas es de noviembre de 2006 y la otra es de mayo de 2010 y fueron presentadas por dos empleadas del actual alcalde Luis “Rolan” Maldonado, quien era el primer ejecutivo también para aquel entonces.

En sendas demandas -la primera presentada en el Tribunal de Arecibo y la segunda en el Tribunal Federal- las empleadas alegaban, entre otras cosas,  ser víctimas de hostigamiento sexual “por parte de funcionarios municipales”.

El reclamo entre ambos pleitos era de $2.3 millones, pero en febrero y mayo de 2013 la Legislatura Municipal aprobó los acuerdos transaccionales entre las partes en el que se determinó pagar a las demandantes un total de $95 mil.

De otra parte, Valdivieso comenta de manera “especial” que al 30 de junio el Municipio tenía pendientes otras cinco demandas civiles por $1.5 millones. De éstas $911 mil eran por cobro de dinero y más de medio millón por daños y perjuicios.

Otros hallazgos

Otros señalamientos realizados por la Contralora incluyen que desde el 2005 el municipio desembolsó casi $1 millón en la remodelación del Antiguo Casino que pretende utilizarse como la Nueva Casa Alcaldía. Se destaca que “contrario a la ley” la construcción se comenzó sin la celebración de subastas y que, para colmo, en junio de 2015 la obra no había sido completada.

Se señaló, además, que para esta obra -y otra que incluía instalación de kioscos en el paseo lineal y la remodelación de la plaza pública- se solicitaron permisos de construcción a  la Oficina de Gerencia y Permisos.

Otros hallazgos están relacionados  al embargo de fondos municipales y pago de intereses y penalidades por demora en las remesas al Seguro Social Federal, así como multas impuestas por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico pues empleados del municipio pasaron por el Autoexpreso sin tener fondos disponibles o tener el sello requerido para este servicio. Además, se mencionan gastos de miles de dólares  por el uso de celulares que excedieron los límites permitidos por ley o incurrieron en acciones no autorizadas en los contratos. Por ejemplo, comprando aplicaciones o enviando mensajes multimedia que incluían vídeos.

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