En momentos en que agencias federales y estatales han anunciado que hay adelantadas pesquisas contra corrupción relacionadas al manejo de fondos federales tras el huracán María, la Oficina del Contralor divulgó hoy un folleto informativo que orienta de las protecciones que tiene cualquier persona que vea un acto de corrupción y decida denunciarlo.

Ese confidente no podrá ser despedido, porque esto representa una violación a la Ley 115 de 1991, y bajo el nuevo Códio Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico podría entablar una demanda civil en la que le paguen el triple de los salarios dejados de recibir, además de que podrá reclamar daños, angustias mentales y honorarios de abogados.

No solo eso, esa ley prohibe que alguien hostigue, discrimine, despida, amenaza o suspenda de algún beneficio, derecho o protección a  un informante que coopere en cualquier pesquisa oficial. Si ocurre, esa persona está cometiendo un delito grave castigable con hasta tres años de cárcel, y una multa de $5,000.

Las disposiciones legales también advierten que si la persona que hace la denuncia hace denuncias está mintiendo de forma deliberada, se entenderán que estas denuncias son de carácter difamatorias y puede ser objeto de multa de $1,000 y 6 meses en prisión.

En estos días se ha informado que el grupo formado por autoridades locales y federales estadounidenses para luchar contra el fraude en el uso de fondos llegados desde Washington para acometer la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María, permanece plenamente activo.

El grupo está formado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina de la Contralora y el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

El FBI ha anunciado que ponto habrá arrestos.