El Contralor Electoral, Manuel A. Torres Nieves, justificó hoy, martes, su determinación de detener la campaña de medios de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica con la presentación de tres querellas que recibió en su oficina el pasado viernes.

Indicó que “los querellantes alegan que la Asociación ha violado la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico por haber realizado gastos con fines electorales, según se define en la Ley y en los reglamentos aplicables, sin haber obtenido la autorización de los miembros que componen la Asociación, ni haber cumplido con los requisitos legales. Entre estos, que se hayan registrado en la Oficina del Contralor Electoral (OCE)”.

 En el comunicado escrito que se distribuyó esta tarde, el funcionario atribuye a la Asociación participación en el proceso electoral del país.

“La Ley establece que las personas jurídicas que deseen participar en el proceso electoral realizando gastos con fines electorales, utilizando sus fondos generales, deben consultar con su matrícula, la cual deberá aprobar el gasto. Si obtienen el visto bueno de la matrícula, deben certificarlo ante la OCE”, expresó Torres Nieves.

Sostuvo que, tras recibir las querellas, “la OCE, tal y como lo dispone la Ley, comenzó una investigación que, preliminarmente, reveló que dicha Asociación no está registrada en la Oficina”.

 Los anuncios de esta organización privada rechazan un reglamento implantado por el gobierno que extiende a hospitales privados los privilegios que tienen los médicos que trabajan en hospitales del gobierno y que están “protegidos” por límites en las demandas que puedan someterse en su contra.

Torres Nieves identificó las disposiciones supuestamente violadas como los artículos 6.007 al 6.010 de la Ley 222-2011, “entre otros”.

 “La Oficina le notificó a la Asociación, al igual que solicitó a los medios de comunicación, que cesaran de pautar los anuncios hasta que se acredite el cumplimiento con los requisitos de la Ley”, confirmó.

Torres Nieves explicó que, “dado el periodo en que se radica la querella, se actuará con la mayor celeridad en dicha investigación y que tan pronto sean informados sobre cualquier acción judicial producto de estos eventos, harán la argumentación legal que proceda en el foro pertinente”.

Argumentó que “la Oficina del Contralor Electoral está para garantizar a todos los ciudadanos un proceso electoral fundamentado en la transparencia y el flujo de información al implantar reglas uniformes y equitativas en el financiamiento de campañas políticas para asegurar la integridad del proceso electoral. Esa es nuestra visión y no nos apartaremos de ella protegiendo el interés público”.