En aras de mejorar la administración de las finanzas en los municipios, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) promueve la implantación de un nuevo sistema de contabilidad que daría mayor transparencia a las transacciones en los ayuntamientos y establecería mejores controles en el uso de fondos públicos.

A juicio de Carlos Santini Rodríguez, comisionado de la OCAM, el nuevo sistema de contabilidad atendería dos de los principales señalamientos que la Oficina del Contralor hace de manera reiterada a los gobiernos municipales: la aprobación de contratos sin los fondos necesarios para honrarlos y los desembolsos sin liquidez suficiente.

Santini Rodríguez precisó que el Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado que se utiliza hoy en más de la mitad de los pueblos data de la década de 1970, por lo que tiene más de 20 años de obsoleto.

 “El sistema presenta serias deficiencias en el manejo de las finanzas, lo que acarrea que los municipios se les dificulte cumplir a cabalidad con todos los requisitos que imponen el marco normativo local y federal vigente, las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, según los requerimientos del ‘Governmental Accounting Standards Board’”, manifestó el funcionario durante una vista pública de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.

Santini Rodríguez resaltó que el gobernador Alejandro García Padilla asignó $1.5 millones para la compra e instalación del nuevo sistema en aquellos municipios que todavía manejan sus finanzas con el antiguo programa de contabilidad, que según dijo, carece de los controles internos y los récords que garanticen una información financiera precisa.

“Con esta modernización, lograremos mayor pureza en el manejo de la información financiera. Se trata de un instrumento que debe poder colocar a todos estos municipios en una mejor posición para atender los retos económicos y presupuestarios actuales. No se trata meramente de contar con mayores ingresos, lo cual tiene su importancia, se trata de poder planificar de forma adecuada los recursos disponibles”, subrayó al estimar que en dos años ya estaría operando el nuevo programa.

De igual forma, la OCAM trabaja junto a la Oficina del Contralor en la revisión de la “Ley de Municipios Autónomos” (Ley 81-1999) con miras a presentar a finales de año un anteproyecto en la Legislatura para corregir algunas imprecisiones y algunas disposiciones que, según el análisis realizado por ambas entidades, promueven la burocracia en los ayuntamientos.

 Al mismo tiempo, el titular de la OCAM dijo que se encuentran evaluando el “Reglamento para la Administración Municipal”, que emitió esa agencia, para actualizarlo y atender ciertas discrepancias que existen respecto a la Ley 81-1999.

Al abundar sobre las irregularidades que la contralora Yesmín Valdivieso ha detectado en la operación de los municipios, Santini Rodríguez indicó que muchos de esos señalamientos están relacionados con la falta de capacitación y asistencia técnica que demuestran algunos funcionarios municipales.

Para superar esas deficiencias, la OCAM también desarrolla lo que será el Centro de Innovación Social (CIS), en el que se reglamentará un programa de capacitación dirigido a los cerca de 55,000 empleados municipales que existen alrededor de la Isla. Como parte de esta iniciativa, la agencia desarrollará talleres y conferencias a través de la web para hacerlos más accesibles a los funcionarios.

“El CIS es un proyecto medular de capacitación a distancia que busca atender el área de responsabilidad de asesoramiento y educación de la agencia. El fin último del CIS es lograr el desarrollo local y la innovación social, a través de la provisión de un espacio de aprendizaje e intercambio de información para los funcionarios municipales, así como para líderes del sector comunitario y empresarios”, enfatizó.

La OCAM también asiste a la Oficina del Contralor para supervisar que los municipios cumplan con los planes de acción correctiva que diseñan para atender las irregularidades señaladas. Sin embargo, Santini Rodríguez destacó que es la contralora la que tiene el deber constitucional de velar en primera instancia por los ingresos, las cuentas y los desembolsos de las entidades públicas, incluidos los ayuntamientos, y que la función de la oficina que dirige es “subsidiaria” y “complementaria”.