Ante los múltiples cuestionamientos sobre su justificación y los señalamientos sobre su posible inconstitucionalidad, el proyecto de ley que obligaría a la Oficina del Contralor a adoptar estándares federales en sus auditorías parecería tener los días contados en el Senado.

De la única manera que podría culminar el trámite legislativo y ser llevado a votación, sería si sufre sustanciales enmiendas que alterarían la intención de la medida original, que es hacer extensivas a la Oficina del Contralor, y con carácter de exclusividad, los preceptos contenidos en los “Generally Accepted Government Auditing Standards” (Gagas), también conocido como el Libro Amarillo, que publica la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos (GAO).

Ello, según advirtió este martes el senador Ángel Rosa, presidente de la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, quien estuvo a cargo de la evaluación del Proyecto de la Cámara 1824, de la autoría del representante Efraín de Jesús Rodriguez, y que la semana pasada tuvo la oposición rotunda de la contralora Yesmín Valdivieso.

“Para que el proyecto sea aprobado, tendría que ser ampliamente enmendado porque tú no puedes cambiar las reglas de auditoría tajantemente y, además, ordenar que sean de aplicabilidad inmediata porque tiene una serie de procesos que están en curso. Esto no solamente afectaría a los municipios, también afectaría a los cientos de instrumentalidades públicas que el contralor audita”, indicó el legislador popular en un aparte con la prensa al concluir una vista pública sobre el proyecto.

Cuando compareció la semana pasada ante la comisión del Senado, Valdivieso enfatizó que las Normas de Auditoría que utiliza la Oficina del Contralor toman en cuenta la normativa de las Gagas, al igual que otros estándares que emplean organizaciones en Estados Unidos y el extranjero.

Rosa insistió en que obligar a la Oficina del Contralor a seguir únicamente los estándares del gobierno federal podría atentar contra la independencia que le garantiza la Constitución a la entidad local. Y aunque reconoció que en la actualidad la dependencia pública emplea normas de auditoría de origen diverso, dijo que la legislación ante su consideración podría enmendarse para consignar en ley esa práctica. 

“Esa es la realidad de lo que ocurre hoy (el uso de diversas normas), simplemente lo estaríamos poniendo en la ley… Aclarar la ley en ese aspecto no está mal, pero lo que a mí no me convence es que, para proteger los mejores intereses del país, tengamos que limitar la metodología de auditorías del contralor sobre todas las instrumentalidades públicas”, aseveró.

La medida legislativa enfrentó este martes a la Asociación de Alcaldes y al alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, exvicepresidente de la organización que reúne a los alcaldes populares. 

Por un lado, el renunciante director ejecutivo de la asociación, el licenciado Francisco Amill Rodríguez, planteó que la adopción exclusiva de los estándares federales daría unas “guías claras” a los ejecutivos municipales sobre los procesos de auditoría, y por otro, Delgado Altieri señaló que las normas que utiliza la Oficina del Contralor cumplen los propósitos del proyecto bajo evaluación.

En representación de los alcaldes asociados, Amill Rodríguez se mostró preocupado porque, a pesar de que la Oficina del Contralor no puede sancionar a base de sus hallazgos y solo puede hacer referidos, la publicación de los informes, según dijo, podría predisponer o viciar el análisis que realizarían las agencias o entidades adjudicativas que examinarían luego los señalamientos.

“Este manual (Gagas) también le establece estándares al personal que realizará las auditorías, entre las cuales están, actuar con independencia, tener integridad, ser objetivo, tener juicio profesional, ser competente, contar con los conocimientos y experiencia, etcétera”, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, quien este martes dimitió a su puesto. 

“El uso del ‘Yellow Book’ por la Oficina del Contralor, por contener directrices específicas y precisas de cómo se estará conduciendo la auditoría, tendrá un efecto positivo en dicha oficina. En ocasiones, hemos visto cómo entes auditados se han defendido de los señalamientos esgrimiendo ataques infundados de naturaleza político partidista contra la Oficina del Contralor”, añadió. 

El alcalde isabelino, en tanto, destacó que las guías esbozadas por el gobierno federal fueron concebidas para utilizarse en auditorías financieras y de desempeño, que se usan para evaluar si un ente cumplió con sus objetivos, mientras que la contralora se encarga de hacer auditorías de cumplimiento, que son aquellas que analizan si los fondos han sido utilizados de acuerdo con la ley. 

A la vista pública, también compareció Palmira Ríos, decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, quien además de traer a la atención de la comisión los planteamientos sobre la naturaleza de las auditorías que realiza la contralora, advirtió sobre los visos de inconstitucionalidad de la legislación. 

“A pesar de las fortalezas del Gagas como instrumento de evaluación, no se justifica el mandatar su uso. El proyecto limitaría la independencia de criterio que nuestra Constitución garantiza al contralor”, dijo Ríos, quien además indicó que la pieza requeriría un “período largo de implantación” que permita rediseñar los procesos en la Oficina del Contralor. La medida, sin embargo, dispone que su vigencia sería inmediata.