Con las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico, protestar frente a una escuela o impedir el paso a la Universidad de Puerto Rico (UPR), son delitos menos graves, así como pasquinar edificios públicos o incitar a la violencia por medios de comunicación.

La votación en el hemiciclo cameral fue de 34 a favor y 15 en contra.

Los representantes Luis Raúl Torres Cruz y Roberto Rivera Ruiz de Porras fueron excusados de la votación.

Consultados sobre las enmiendas, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, indicó que “no es otra cosa que la criminalización de la protesta”.

“Aunque está diseñado con todo el sentido de venganza contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, acaban de incluir como criminales a las miles de familias que están protestando frente a las escuelas para defender su comunidad escolar”, destacó.

“El absurdo de las máscaras y el maquillaje, hay tanto disparate y tanta vaguedad… cuando tienes que explicar tanto un delito y empezar a establecer enmiendas y añadir asuntos es que te demuestra que el delito no va pa’ ningún lado”, agregó Márquez.

A juicio del legislador independentista, la acción de la mayoría cameral que controla el Partido Nuevo Progresista (PNP), “va dirigida a la gente que está cuestionando al País”.

“Es la mordaza del siglo 21… y cuando tienes una superintendente de la Policía que habla que va a entrar a las redes sociales a investigar a la gente, es que están buscando la información de la gente, cuando estás grabando a la gente en actividades públicas en el ejercicio de sus libertades, estás estableciendo unos mecanismos de persecución política y estas enmiendas al Código Penal no son otra cosa que la justificación jurídica para criminalizar la protesta”, opinó.

“Aquí va a haber mucho planteamiento en los tribunales. Pero aquí hay un asunto de inmediatez para acallar la protesta. Tan pronto se arresten a algunas personas sobre eso, van a haber cuestionamientos de constitucionalidad, empezando por la regla 6 y pasando por todos los procedimientos. Violenta derechos constitucionales porque son delitos vagos y establece cuestiones que son ilegales”, afirmó Márquez.

Mientras, su colega cameral por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, señaló que “entiendo que el PNP (Partido Nuevo Progresista) no solo restringe la libertad de expresión, sino que aumenta las penas de forma desproporcionada, rompiendo con ese balance que debe haber en los diferentes delitos. No solamente hay una desproporción, sino que la discreción del juez, que puede ajustar la pena dependiendo del evento como un todo, ya no la tiene. Son penas fijas, es como si fuera un listado y estás hablando de asuntos que a veces van hasta tres años…”.

Hernández hizo énfasis en que repudia los incidentes del 1 de mayo, y que llevaron a la Asamblea Legislativa a empujar el proyecto que ahora irá al escritorio del gobernador Ricardo Rosselló, pero “esa gente fue una minoría de la minoría, que no representa la realidad de los estudiantes de la Universidad y ahora se está penalizando a todo el mundo”.

“El delito sigue siendo delito, tengas una máscara o no. Hoy el hecho de tener una máscara lo agrava, pero la pregunta es, ¿por qué no se arrestó a la gente en el momento en que estaban delinquiendo?”, cuestionó. 

“Se ha creado todo esto de bajar legislación, y a eso se suma el statement que usó el Gobernador ese día para atacar a funcionarios del Partido Popular. Yo he aprendido que en la política no hay nada silvestre y este gobierno ha demostrado que está bien organizado en lo que quiere hacer. Están claros hacia dónde quieren ir. Están ejecutando su política pública y ahora habrá que ver cómo la van a ejecutar”, reflexionó Hernández.