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Crisis por falta de terapias a estudiantes de educación especial

Por Mariana Cobián 01/11/2016 |01:49 p.m.
A un día del inicio del nuevo semestre escolar, agregó que también hay problemas con el sistema de facturación que implantó la agencia. (Archivo)  
A horas del reinicio del curso escolar líderes emplazan a las autoridades.

Miles de alumnos de educación especial se verían afectados por la interrupción de sus terapias porque el Departamento de Educación (DE) no paga a los proveedores de esos servicios hace al menos tres meses, denunciaron hoy, lunes, defensores de esa población estudiantil.

El Comité Timón de Madres y Padres del pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación, la Alianza de Autismo de Puerto Rico y otras organizaciones afines señalaron en rueda de prensa que proveedores de terapias adelantaron que no prestarán servicios este mes.

Otros proveedores han notificado que utilizan líneas de crédito para poder operar y algunos incluso han despedido empleados porque no pueden pagarles, manifestaron portavoces de las citadas organizaciones congregados en el Colegio de Abogados, en Miramar.

La portavoz principal del comité, Carmen Warren, indicó que hay más de 300 proveedores en la lista de remedio provisional, pero ninguno ha recibido el pago total por los servicios prestados, por lo menos por los pasados tres meses.

Warren explicó que no tiene una cifra de la deuda total, pero estimó que son millones de dólares. Los citados proveedores ofrecen servicios de terapia física, ocupacional, sicológica, del habla, visual y auditiva a estudiantes de educación especial en todo el país.

Warren estimó que son sobre 6,000 estudiantes amparados bajo la oficina de remedio provisional que al presente se ven afectados por la situación. Esta oficina también atiende los servicios de terapia y asistentes de servicio, conocido como T1.

"La crisis es tan severa que un proveedor nos dijo que no va a prestar servicios en enero dado a que el Departamento de Educación no le ha pagado desde septiembre. Otro proveedor está despidiendo empleados, otros usando líneas de crédito para poder operar. Sino, se verán obligados a cerrar", argumentó Warren.

A un día del inicio del nuevo semestre escolar, agregó que también hay problemas con el sistema de facturación que implantó la agencia.

Adelantó que los representantes legales del comité acudieron hoy al tribunal de instancia y el Tribunal Supremo para solicitar remedios, como que se le ordene a Educación a demostrar causa por el cual no deba ser encontrado incurso en desacato ante "el desbarajuste que se ha provocado por los cambios en la prestación de servicios".

Dijo esperar que el tema se atienda "de manera sensible e inmediata" debido al "incumplimiento" de la agencia con la sentencia del 2002, cuando se firmaron una serie de estipulaciones.

Otro de los reclamos que se aumente la cantidad de la multa por incumplimiento para el DE. La penalidad es de $10,000 diarios. "Si tienen interés de atender a nuestros niños con dignidad como merecen, que sea hoy que se generen los pagos", subrayó Warren.

Indemnización sin pagar

Por otro lado, Warren denunció que, a pesar de que en junio pasado se celebró con bombos y platillos el acuerdo para poner fin al pleito contra el DE incoado en 1980 por Rosa Lydia Vélez y su hija Isamar, a quienes se les aprobó una indemnización de $125,000, al día de hoy, no han recibido ni un centavo de dicha suma.

Por eso, aseguró que el pleito de clase está "vivito y coleando", aunque tras la firma del acuerdo se pensó que había terminado la lucha de casi 35 años encabezada por Vélez y su hija, paciente de perlesía cerebral.

En la firma del acuerdo participó el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia César Miranda, pero la indemnización no se ha producido, recalcó Warren.

"Fue un acuerdo de transacción por daños causados a ellas por falta de cumplimiento. El Gobierno transó por darle $125,000 por los daños causados a ellas dos. De esa transacción, no se ha generado ni un centavo a ninguna de las dos. Eso fue el año pasado, pero aún no han recibido el dinero", lamentó.

A través de los años, unos 58 casos fueron consolidados al caso de Vélez, constituido por más de 160,000 niños y niñas con algún tipo de necesidad de educación especial cuyos padres, madres o tutores han mantenido consistentes reclamos con las autoridades estatales para lograr terapias y atención adecuada a las necesidades particulares de esos menores.

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