Una de las medidas aprobadas el último días de aprobar proyectos en la pasada sesión ordinaria es el Plan de Reorganización sometido por el Ejecutivo que crea la nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público,pero mediante comunicado de prensa tres personas efactadas por la creación de la nueva oficina denunciaron que se les está violando sus derechos con esa legislación.

Los Comisionados Asociados de la Comisión de Servicio Público, Jonathan Bonet, Alcides Martínez y Lewis Dorta denunciaron hoy lunes,mediante comunicado de prensa, que la medida 1408 los saca a ellos de sus posiciones pero en su lugar crea nuevos comisionados con un mejor sueldo, porque devengarán $89,000, similar a un juez superior, cuando en la actualidad ganan $60,000.

“Nos despoja de nuestras posiciones como Comisionados Asociados de la Comisión de Servicio Público, a las cuales fuimos nombrados por un término de 8 años. Esto de manera injustificada y violentando nuestros derechos” expresó el Comisionado Jonathan Bonet. 

El Proyecto de la Cámara Número 1408 fusiona la Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.  

“Esta acción por parte del gobierno de Ricardo Rosselló va contra la jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Supremo donde se ha expresado sobre legislación de esta índole. Con anterioridad, el más Alto Foro de nuestro País ha reconocido que posiciones como las que hasta ahora ocupamos tienen un derecho propietario durante el término al cual se es nombrado y confirmado por el Senado. Esto porque ejercemos funciones adjudicativas y cuasijudiciales. Así se ha reconocido a través del tiempo por los tribunales locales y federales sobre este asunto” expresó el licenciado Alcides Martínez, Comisionado Asociado de la CSP. 

La jurisprudencia más reciente a la cual hacen referencia es el caso del ex Procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, nombrado por el exgobernador Luis Fortuño y quien demandara al gobierno durante el pasado cuatrienio. En ese momento, el Tribunal Supremo resolvió que el entonces Gobernador, Alejandro García Padilla, no podía destituir al Procurador sin justa causa a través de legislación derogando su puesto, para crear una figura con igualdad de funciones, esto porque el Procurador gozaba de un término al cual había sido nombrado, confirmado por el Senado y ejercía funciones adjudicativas. En esa ocasión, se ordenó la restitución del funcionario y el gobierno perdió ese pleito en los Tribunales. 

Los funcionarios indicaron que el Proyecto deja intactas las funciones que los Comisionados Asociados de Servicio Público ejercen en la actualidad, pero que a los nuevos funcionarios que el Gobernador Ricardo Rosselló nombrará se les aumentará el salario equiparándolo al de un Juez Superior.  Eso es anual apróximadamente $89,000 dólares. Mientras, que los Comisionados actuales devengan un salario de $60,000. 

“En la discusión de esta pieza legislativa siempre se dijo que aquí no se iban a despedir empleados públicos, eso está en el record, pero han hecho lo contrario. Fue todo una farsa. Esto es una doble vara y es una acción sumamente reprochable.” sentenció Lewis Dorta, también Comisionado de la CSP. 

Finalmente, los tres funcionarios expresaron que no descartan tomar acción legal en los Tribunales tan pronto el Gobernador estampe su firma al proyecto de ley.