El gasto público en la compra de terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) pudo ser mayor de lo que correspondería a precios de tasación, según se discutió hoy, miércoles, en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado.

El CEN es un área de 3,057 cuerdas de terrenos con alto valor ecológico entre Luquillo y Fajardo que ha sido objeto de debate público por años, y que desde una orden ejecutiva de 2007 deberían ser adquiridos por el Gobierno para su protección ambiental.

Al momento se han pagado unos $14,662,000 en fondos estatales y otros $20,988,000 en fondos federales por unas 618.5 cuerdas. Datos suministrados a este medio por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) estipulan que se han obtenido rebajas en los precios de tasación de unos $11,974,977.79.

Por las restantes propiedades que están en manos privadas, el secretario auxiliar de planificación del DRNA, Vicente Quevedo, dijo que “subjetivamente se podrían gastar unos $50 millones adicionales. Una ley de 2013 obliga que se adquieran en los próximos siete años”.

Durante la extensa vista pública de hoy sobre la resolución del senado 177, de la autoría del novoprogresista, Larry Seilhamer, y presidida por el senador popular Cirilo Tirado –los únicos senadores en la audiencia-, se cuestionaron de diversas formas los precios pagados desde el 2007 a este momento.

Por un lado, trascendió que al comprar la finca llamada San Miguel en los predios del CEN, el Gobierno pagó la misma cantidad de dinero por cuerdas en zona inundable que en tierras donde sí se puede construir.

“No puede volver a ocurrir que se tasen terrenos que son humedales que no se puede usar para nada excepto conservación, tasarlos al mismo precio que el terreno firme que sí tienen un valor mayor porque se puede edificar”, reclamó Tirado.

“El criterio usado en San Miguel no se pueda usar en las próximas, queda pendiente quien dio la orden de que se tasaran igual humedales que tierra firme”, agregó Tirado.

Al respecto, el planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera dijo que los precios de esos terrenos se han disparado desde el 2000 -de $15,000 la cuerda de terreno edificable a $94,000-, esto a pesar que el valor de los precios de los terrenos en Puerto Rico se ha desplomado.

Dijo que le preocupa que el ejemplo de estas fincas se use para la adquisición de otras cuerdas con alto valor ecológico.

“No estamos en contra de que se compren esas tierras, pero que sea por su valor justo”, afirmó el planificador.

Más aún, respecto a la finca San Miguel, el planificador ambiental, dijo que él ha sido entrevistado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Rivera Herrera no quiso dar detalles sobre ese interrogatorio el FBI, más allá de decir fuera de la vista que ha sido entrevistado en varias ocasiones, “antes y después” de que trascendiera una acción federal contra el empresario Juan Ramón Zalduondo, propietario de la finca San Miguel y quien pensó edificar en ese predio un hotel. En el 2012, el empresario fue objeto de un proceso de confiscación de $558,607.85 en una investigación por lavado de dinero.

En la vista trascendió que los últimos terrenos sobre la finca San Miguel no se compraron porque “los activos y propiedades del dueño de los terrenos fueron confiscados por las autoridades federales en relación a cargos criminales por lavado de dinero”, según la ponencia leída por el subsecretario del DRNA, Julio E. Méndez.

Sin embargo, los funcionarios del DRNA dijeron que no han sido contactados por agencias federales sobre una pesquisa.

Asimismo, se informó hoy que las 600 cuerdas compradas hasta la fecha se adquirieron a través de una organización sin fines de lucro llamada Trust for Public Land (TPL) que usó tasaciones de la firma identificada como McCloskey, Mullet and Bonnie Appraisers.

El DRNA -cuyos representantes en la vista eran el subsecretario Méndez, el secretario auxiliar Quevedo y la abogada Mildred Sotomayor- defendió el uso de TPL, que dijeron es reconocida, porque ha ayudado acelerar las adquisiciones, que los vendedores reduzcan sus precios mediante donaciones y permite que se puedan adquirir las tierras usando fondos federales.

Sin embargo, el DRNA dijo que se ordenó una segunda tasación separada que fue realizada por el tasador Esteban Nuñez ante las críticas recientes sobre altos precios pagados por los terrenos. Nuñez se limitó a estudiar lo que se pagó en la transacción más reciente –parte de la finca llamada Dos Mares- y resolvió que McCloskey no debió usar en su tasación la posibilidad de que se construyera un hotel en esos terrenos porque elevó los precios en unos $50,000 por cuerda. Según Nuñez, la posibilidad de construir un hotel -que nunca tuvo permisos, según Rivera Herrara- era algo hipotético y por lo tanto no debía considerarse.

“La opinión del tasador de ustedes, Nuñez, es devastadora. Dijo que aunque no violaron la ley, él no hubiera usado el análisis hipotético, e implica que se pagaron $50,000 más por cuerda”, expresó Seilhamer.

“Esa es su opinión, yo no diría que es devastadora, es distinta”, replicó Quevedo.

“Uno de los efectos fue el aumento considerable en la valorización de los terrenos”, agregó Seilhamer.

Sin embargo, el DRNA indicó que ni McCloskey ni Nuñez harán futuras tasaciones en los próximos terrenos que se compren en el CEN.

Los funcionarios del DRNA reconocieron que pudiera ser que se haya pagado de más en los terrenos, pero eso tendría que estar sujeto a un proceso de impugnación para el que la abogada del DRNA dijo que no recuerda que existan precedentes.

Mientras, para Rivera Herrera, “esa segunda opinión (de tasación) y que sacaran a McCloskey me da la impresión que demuestra que el DRNA está consciente de que el precio no era el mejor”.