La "transparencia y comunicación" con la que la administración de Luis Fortuño ejecutó su política pública fue cuestionada hoy, lunes, durante las vistas de transición del gobierno al discutirse la manera en que fue aprobada en el 2010 la ley que impuso un arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas.

En un incisivo intercambio, el comité de transición entrante preguntó al secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Pérez-Riera, cuál fue la intención de aprobar en un solo fin de semana la Ley 154 que fijó a las compañías impuestos adicionales con tasas variables hasta el 2016, y plantearon si la abrupta manera en que fue ratificada tuvo algún efecto en las relaciones del gobierno con esas entidades privadas.

Juan Acosta, del grupo designado por el gobernador entrante Alejandro García Padilla, reconoció que la aprobación de esa ley fue clave en la reducción del déficit gubernamental de alrededor de $3,000 millones, pero criticó la forma en que fue aprobada, sin vistas públicas y sin tomar en cuenta la opinión de los miembros del sector privado que se verían afectados por la medida.

"Si usted estipula que eso había que hacerlo a nivel de conseguir los recaudos, si eso se estipula, pues me remito a que se logró el fin de lo que se quería hacer. En la medida de que esto era algo que se tenía que implementar y era algo que era necesario para Puerto Rico, si mirando hacia atrás lo que se logró es exactamente lo que queríamos hacer, no veo por qué es que vamos a cuestionar si la forma en la que se llevó a cabo fue la correcta o no", dijo Pérez-Riera durante las vistas públicas de transición, que se llevan a cabo en la sede del Departamento de Estado.

La Ley 154 fue aprobada para aumentar los recaudos del gobierno, y establece tasas contributivas que oscilan entre el 4% y el 1%, que se aplicarían entre el 31 de diciembre de 2010 hasta la misma fecha en el 2016. Según estimados del gobierno, la medida genera alrededor de $1,900 millones anuales al fisco.

"A esta administración (la entrante), le preocupan esas metodologías, no las va a utilizar y le preocupa el daño que se pudo haber hecho a expansiones que, quizás, estarían ocurriendo en este momento", manifestó, por su parte, Alberto Bacó, al afirmar que el trámite legislativo que se dio para una legislación de esa naturaleza "es bien inusual".

Pérez-Riera, sin embargo, aseguró que, aparte de la "angustia" que provocó la "incertidumbre" incial entre los inversionistas, Puerto Rico no se afectó por la aprobación de la nueva ley.

"No hemos perdido ni una de esas compañías... Para propósitos de Puerto Rico, el impacto no ha sido negativo", enfatizó.

El titular del DDEC precisó que, tras la entrada en vigor de la Ley 154, el gobierno ha firmado 20 decretos con compañías interesadas en hacer negocios en la Isla. Indicó que algunos corresponden a acuerdos que estaban por caducar y cuyos términos fueron renegociados.