El secretario de Asuntos del Consumidor (Daco), Nery Adames, favoreció hoy, jueves, la propuesta prohibición a los comercios a incluir en sus recibos de compra cualquier cargo por servicio que no detalle su procedencia. 

El Proyecto del Senado 1557 (P. del S. 1557) fue presentado por los senadores Luis Daniel Rivera Filomeno y Eduardo Bhatia a finales del mes pasado, luego que informes periodísticos revelaran que existen restaurantes que incluyen un cargo por servicio y gestión en el recibo, y no precisan a qué corresponde. La medida crearía la “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”.

Según expuso Adames en vista pública de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, la ley propuesta facilitaría la interpretación judicial en caso, por ejemplo, de una impugnación de multa expedida por la agencia en un procedimiento ordinario antes los tribunales. 

“Nosotros vamos a respaldar la mayor claridad en el recibo, el desglose de la información y los cargos que se te están imponiendo”, expresó el funcionario. 

La medida propone, además, que se imponga una multa de $5,000 a los comercios que incumplan con la ley. 

“Cinco mil dólares sin lugar a dudas sería un disuasivo muy fuerte. Una vez se le imponga una multa de $5,000, seguir con esa conducta sería muy difícil para el comercio”, evaluó Adames.

Sin embargo, la Cámara de Comercio, por voz de su director ejecutivo interino Héctor Mayol, presentó su oposición al proyecto por entender que resulta innecesario, pues es materia que ya atiende el DACO.

Según Mayol, el objetivo que persigue la medida ya está considerado en el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos que administra el DACO. 

Mayol citó la Regla 7, específicamente el inciso B en el punto 14 de esa normativa, que provee un lenguaje casi exacto al del proyecto de ley en discusión.

En esencia, el reglamento del DACO prohíbe cobrar cargos por servicios “cuando dichos servicios son inexistentes o no susceptibles de ser corroborados”. 

“Para los comerciantes, las disposiciones del reglamento son claras, y hay que cumplir con ellas”, enfatizó Mayol durante la vista. 

“Siendo así las cosas, no nos parece procedente que mediante legislación se atienda el asunto contenido en el Proyecto del Senado 1557. La Asamblea Legislativa debe continuar dejando en manos del DACO, y en su flexibilidad de reglamentar, las prácticas entre los comerciantes y consumidores”, comentó. 

No obstante, el director ejecutivo interino de la Cámara de Comercio dejó claro que esa entidad rechaza las prácticas que se atribuyen a ciertos restaurantes, y afirmó que defienden que haya mayor transparencia en las transacciones comerciales. Instó a la comisión del Senado a auscultar con el DACO qué medidas se han tomado en contra de quienes han incurrido en la censurada actuación.

“Ustedes pueden mirar lo que está haciendo la agencia del Ejecutivo, y mirar la propia ley habilitadora de la agencia a ver si esa ley es la que necesita enmiendas porque hay un proceso que establece el Derecho Administrativo para lidiar con estas situaciones”, subrayó Mayol.