Contrario a otras jurisdicciones de Estados Unidos, en Puerto Rico es muy difícil que un estudiante que es diagnosticado como de Educación Especial pueda salir de esta categoría antes de alcanzar la mayoría de edad o de graduarse de cuarto año, según consideró el presidente del Concilio Pro Personas con Diversidad Funcional, José Luis Cordovés Avilés.

En una audiencia pública conjunta de varias comisiones de la Cámara de Representantes, Cordovés Avilés planteó este sábado que esta tendencia explica en parte el alto número de niños y jóvenes bajo el programa de Educación Especial y estimó que se debe a los servicios inapropiados que se le ofrecen aquí a esta población.

Indicó que en Estados Unidos, “mientras unos estudiantes se hacen elegibles a educación especial, a otros se les descategoriza”. De esta manera, muchos de los alumnos que logran con los servicios especiales superar la categoría de impedimento bajo la cual están clasificados pueden ser dados de baja del programa e integrarse a la corriente regular.

Un estudio del Centro Nacional de Evaluación Educativa en Estados Unidos estima que en ese país el 49% de los estudiantes que recibían servicios en kinder ya no los necesitaban cuando llegaban al tercer grado. Mientras, el 17% de los niños de 6 y 12 años dejaron de ser elegibles luego de dos años en el programa. Asimismo ocurrió con el 5% de los jóvenes entre 13 y 16 años. En Estados Unidos, las estadísticas de la población de educación se consideran, pero las de Puerto Rico van en aumento.

Según Cordovés Avilés, la pobre calidad de los servicios en Puerto Rico que impide que los alumnos puertorriqueños con necesidades especiales puedan superarse se debe a una cultura de incumplimiento que permea en las agencias públicas.

“Por décadas, el personal involucrado en la toma de decisiones en educación especial ha procurado ahorrarle dinero al sistema en vez de garantizar los derechos de los estudiante y esto ha sido considerado históricamente como un trabajo bien hecho”, sostuvo el presidente del Concilio Pro Personas con Diversidad Funcional.

Cordovés Avilés hizo su exposición de la Comisión de Educación, y para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara, que tiene bajo su consideración la Resolución 1065, que investiga el aumento vertiginoso en la población de estudiantes del programa de Educación Especial y que busca realizar una radiografía de este.

A preguntas de la representante Brenda López, presidenta de la comisión, el también padre de una niña de educación especial sugirió que se establezcan nuevos requisitos de contratación y de renovación de contratos a las corporaciones que ofrecen servicios bajo el programa. Señaló que estas deben contar con personal suficiente y debidamente preparado para dar los servicios con la frecuencia, duración, modalidad y escenarios que necesitan los estudiantes.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla, consideró necesaria una investigación mucho más profunda para identificar las raíces de los problemas en el Programa de Educación Especial.

“Esto implica contratar investigadores y peritos en la materia que puedan analizar expedientes de estudiantes, medir el nivel de satisfacción de los padres con el servicio, evaluar los cambios en los estudiantes una vez se reciba el servicio, así como los costos”, estableció en su ponencia.

Las comisiones que evalúan este asunto deberán redactar un informe que recoja los planteamientos principales de los deponentes para presentarlo ante el pleno de la Cámara de Representantes.

Durante la vista sabatina también estuvieron presentes la presidenta de la Comisión para la Erradicación de la Pobreza, Luisa “Piti” Gándara; la presidenta de la Comisión de Salud, Lydia Méndez y los representantes de minoría Luis Pérez Ortiz y Pedro “Pellé” Santiago.