El convicto exsenador Jorge De Castro Font continúa dando la batalla, esta vez con una carta dirigida a los medios de comunicación, para reclamar que la fiscalía federal ha mostrado "mala fe" hacia él al oponerse a la celebración de una vista evidenciaria para que se le disminuya el tiempo de sentencia por su colaboración en investigaciones federales.

A principios de mes, De Castro Font sometió una moción por derecho propio ante la consideración del juez federal Francisco A. Besosa, en la que solicitó una vista por entender que la fiscalía federal actúa "de mala fe" en su caso porque no ha recibido créditos para disminuir su pena de cinco años tras ayudar a las autoridades federales.

La semana pasada, la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, declaró que De Castro Font no goza de credibilidad y recordó cuando en 2008 en una entrevista radial, éste juró por la memoria de su madre fallecida que no había solicitado dinero a cambio de radicar medidas legislativas.

"Nos parece fuera de lógica tal aseveración de la fiscalía porque cuatro meses después de nuestras manifestaciones en la entrevista radial que menciona la fiscal de distrito interina (sic, en propiedad), fue ella misma la que le recomendó a la corte federal y al honorable juez Francisco A. Besosa que nos otorgara fianza para salir de MDC (Centro de Detención Metropolitano) y que respaldaba la firma de un acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y yo, el 23 de enero de 2009", alega De Castro Font, quien en la misiva a veces se refiere a él mismo en plural y a veces en singular.

De Castro Font, quien tiene provisto salir de prisión en febrero de 2015, agregó que no ve justificación por la que no se utilizarán grabaciones de audio y vídeo que le ordenaron hacer contra otras personas investigadas. Según reclamó, si es por un asunto de que no goza de credibilidad, a través de vídeos y grabaciones de audio el jurado podría determinar si es cierto o no. Recordó que lo entrevistaron por una semana en la isla de St. Thomas y que testificó ante un gran jurado en Las Vegas, en Nevada.

Dijo además que le sorprendió que la fiscal Jacqueline Novas indicara que "De Castro Font no ha provisto al gobierno 'asistencia sustancial' después de su lectura de sentencia" y que negara que le dijera que su tiempo en la cárcel terminaría pronto. Manifestó que el acuerdo era de nueve años, como dijo la fiscal en la moción, pero que supuestamente después radicarían una moción para solicitar la rebaja de su fianza.

"No existe justificación seria para la actitud que ha demostrado la fiscalía en mi contra y luego de firmar un acuerdo de cooperación el gobierno federal. Ellos violaron el acuerdo unilateralmente luego de no sentarme a testificar en el caso del exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo", señaló De Castro Font, quien fue sentenciado a cinco años de prisión el 17 de mayo de 2011.

El convicto añadió que "me dejaron solo en un estado de indefensión" cuando "permitieron" al Fiscal Especial Independiente (FEI) procesarlo "con los mismos testigos y eventos que pasaron por el proceso federal en una doble exposición en contra de la ley y la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos". Destacó que a testigos federales los protegen, como alega ocurrió con el exrepresentante José Granados Navedo en el juicio del Supertubo.

"Todo esto es lo que he tenido que soportar de mentiras y falsas promesas en los últimos 44 meses que llevo en prisión en ocho cárceles federales de siete estados diferentes y a seis años desde que me radicaron los cargos en un claro abuso de poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos", concluyó De Castro Font.

En su moción, la fiscal Novas indicó que su colaboración se tomó en consideración al sentenciarlo a cinco años, por lo que "no se justifican las repetidas peticiones de una vista evidenciaria y reducción de sentencia", además que "la información que ha provisto después de la sentencia no ha sido nueva ni sustancial". Aclaró además que no prometió una reducción de sentencia al convicto.

De Castro Font se declaró culpable en enero de 2009 por lavado de dinero y un esquema de extorsión y corrupción pública desde 1996 hasta 2008. Se apropió de casi $500,000 al exigir pagos y aceptar regalías a cambio de ejercer su influencia como presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado para proponer, vetar o votar a favor o en contra de medidas legislativas.

En septiembre de 2012 se declaró culpable a nivel estatal por cargos relacionados y fue sentenciado a 10 años de prisión, a cumplirse concurrentemente con la pena federal impuesta.