El ejecutivo municipal de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, fue electo hoy, martes, como nuevo presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), confirmó el líder saliente de la organización, Josean Santiago. 

La elección de Ortiz Velázquez se produjo sin oposición y con el respaldo de los 43 alcaldes populares presentes en la votación, precisó Santiago. 

“Habremos de reciprocar el apoyo con trabajo decidido, a tiempo completo, a favor de los intereses de esta Asociación”, sentenció Ortiz, poco después de confirmarse su elección.

“La agenda la hemos trazado (y) reconoce que los grandes retos los tenemos que enfrentar en solidaridad, en unión de voluntades, con áreas específicas que tenemos que atender”, agregó el nuevo presidente de la AAPR en conferencia de prensa, efectuada en la sede del Partido Popular Democrático (PPD).

Ortiz ocuparía el cargo hasta febrero de 2017. Durante la votación se ausentaron los ejecutivos municipales de Juana Díaz, Ciales, Aguas Buenas y Guayanilla, informó Santiago. Otros, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y su homólogo de Carolina, José Carlos Aponte, no estuvieron presentes durante el anuncio formal sobre el cambio directivo en la AAPR.

Los alcaldes populares constituyeron siete comités para atender asuntos apremiantes, anunció Ortiz. Uno de esos grupos se centrará en el tema de la reforma contributiva. Esa comisión quedó en manos del alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez, indicó el debutante presidente. 

Inquietud por la reforma tributaria

“Albergamos la esperanza de que la reforma contributiva pueda atender los reclamos nuestros”, puntualizó Ortiz. 

Sin embargo, a preguntas de periodistas, admitió que -más allá de reuniones para adelantar algunas preocupaciones generales al Ejecutivo y al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza- no han tenido acceso al informe de la empresa KPMG, ni a borradores de proyectos de ley. 

“Tenemos que esperar al proyecto”, sostuvo Ortiz.

Sin embargo, adelantó que los alcaldes rojos han expresado al titular de Hacienda su expectativa de que el nuevo esquema tributario les garantice poder sobre cómo administrar sus recaudos y recordó que Zaragoza empeñó su palabra al asegurarles que sus posturas se tomarán en cuenta.

“Tenemos que tener control de alguna manera del impuesto o los impuestos que se establezcan, porque se ha probado que los gobiernos locales en la gestión de recaudar impuestos han sido más eficientes que el gobierno central”, puntualizó Ortiz, abogado de profesión. 

No obstante, evitó precisar qué parámetros o requisitos básicos debería tener una revisión tributaria que pueda contar con el respaldo de la organización de alcaldes estadolibristas.

Santiago, por su parte, se aventuró a adelantar una potencial ficha de tranque: la eliminación de la contribución sobre la propiedad mueble.

“Eso representa un ingreso de $400 millones anuales para los municipios”, recalcó. Luego, cuestionó ¿cómo se remplaza ese ingreso?”, si el proyecto de reforma en efecto lo elimina.

Por su parte y a pesar de la poca información a la que ha tenido acceso, Ortiz reiteró su defensa a la postura de la administración de Alejandro García Padilla, de que la reforma contributiva es urgente y que requiere moverse del IVU actual a un Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

“Sabemos que es una transición difícil, pero más difícil que la crisis económica que vivimos, no lo es”, insistió.