Decepcionados los industriales con informe GAO sobre leyes de cabotaje

Por Antonio R. Gómez 03/23/2013 | 06:56 p.m.
Waleska Rivera calificó de decepcionante el informe que preparó el GAO sobre el efecto de las leyes de cabotaje en la Isla.

La presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Waleska Rivera, calificó hoy, sábado, de decepcionante el informe que preparó el GAO (Government Accountability Office), sobre el efecto de las leyes de cabotaje en la Isla.

 “Se esperaba algo contundente, que proveyera claras líneas de acción para el gobierno federal en cuanto a la Ley de Cabotaje, y no es así¬. El informe, de hecho, no hace recomendación alguna.”, sostuvo Rivera en declaraciones escritas.

Sostuvo la portavoz de los industriales que dicha Asociación entiende que las leyes de cabotaje requieren un análisis cuidadoso de todos los aspectos que inciden sobre la manera cómo estas afectan al bienestar socioeconómico de nuestros ciudadanos.

“El Informe deja claramente establecido que hay un costo a los consumidores puertorriqueños como consecuencia de dicha legislación. También hace mención de algunos factores positivos que surgen de la Ley, como es lo que llama el Informe el ‘dedicated service’. Este permite a los importadores de Puerto Rico contar con servicio con el que se minimiza la incertidumbre en cuanto a entregas a tiempo”, dijo.

 “Cuando se trata de un aspecto de nuestra realidad económica, es absolutamente necesario que lo tratemos con la seriedad, objetividad y profundidad que requiere. El Informe del GAO decepciona enormemente. Entendemos que proceden dos acciones: la primera es acelerar los trámites en el Congreso para que se exima de la Ley Jones el transporte de combustibles y productos a granel. La segunda es que se comience un proceso que, de una vez y por todas, conteste la pregunta de ¿cuál es el efecto de las leyes de cabotaje en Puerto Rico?, añadió Rivera

Recomendó cumplir con la creación de un comité timón multisectorial designado por el gobernador, con representantes de los distintos sectores de la economía, “para poner en marcha un proceso de investigación que sea objetivo y que nos lleve a una determinación sobre bases empíricas incuestionables”.

“Entendemos, dijo, que eliminar la Ley no es posible en este momento, pero sí¬ tenemos muy claro que se puede enmendar, como se ha hecho en el caso de los barcos cruceros, y otros territorios para eximir determinadas actividades de dicha Ley. Es urgente que el Ejecutivo y el Comisionado Residente desarrollen un plan de acción para abordar al Congreso con relación a estas excepciones”. 

Aseguró que la Asociación de Industriales está disponible a aportar el peritaje de sus equipos de transportación y de competitividad para acelerar este proceso.

“Quiero insistir en que en los momentos que vive nuestra economía, no podemos permitir que nada que afecte nuestra capacidad de competir se deje sin atender. Por eso, la urgencia en atender los dos señalamientos hechos, solicitar la exención para el transporte de combustible y productos a granel y determinar de una vez y por todas, el efecto de la ley de cabotaje sobre nuestra economía,” señaló Rivera.