El secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Uriel Zayas Cintrón, proyecta que cerrará el presente año fiscal con un déficit de unos $15 millones, situación que tendría un impacto directo en los servicios que recibe a diario una población penal que se estima en 25,000 confinados.

Zayas Cintrón anticipó que se propone acudir este mes ante la Asamblea Legislativa con la intención de identificar alternativas que permitan paliar la insuficiencia de fondos. 

“Esta es una agencia donde nosotros no tenemos contratos de servicios profesionales, ni de imagen, ni contratos de abogados, de bufetes de abogados. Aquí todo es servicio directo, aquí estamos hablando de comida al confinado, sicólogos, siquiatras, maestros, trabajadores sociales, servicios de salud”, comentó el secretario interino en entrevista con este medio.

“En realidad, estamos tratando de hacer más con menos, y viendo la manera en cómo hacemos maravillas, pero también preparándonos para ir a la Legislatura porque la realidad es que tenemos una necesidad imperiosa y, para poder culminar este año, no el que viene, este, vamos a necesitar ayuda”, puntualizó.

Según Zayas Cintrón, el panorama fiscal del DCR se agravó luego que consolidaron bajo esa sombrilla a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) y la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT), sin que se asignaran partidas presupuestarias suficientes para absorber los costos operacionales. 

De igual forma, destacó que durante el presente año fiscal, que comenzó el 1 de julio, el DCR sufrió un recorte de $20 millones en sus asignaciones. La instrumentalidad pública opera con un presupuesto de $335.4 millones, según información suministrada por el portavoz de la agencia, César Fiallo. 

“Tenemos la encomienda de hacer trabajo para poder terminar, y lo estamos haciendo a través de esfuerzos de supervisión para evitar el despilfarro de dinero en tiempo extra, hemos ahorrado cientos de miles de dólares en contratos de arrendamiento de facilidades, pero aun así tenemos necesidad… Ellos (los legisladores) están conscientes de eso, que estamos en el hueso, es una de las agencias más grades que hay, con un presupuesto de sobre $300 millones, pero tenemos 25,000 confinados, 12,500 adentro y 12,500 afuera”, aseveró.

OGP admite el déficit 

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis F. Cruz Batista, dijo que el presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación para el presente Año Fiscal asciende a $354 millones, el cual incluye una reserva presupuestaria de $20 millones, conforme a los términos contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 62 de 2015. 

“Esta asignación reservada solo podrá ser reasignada o transferida mediante autorización de la Asamblea Legislativa, lo cual todavía no ha ocurrido. Por tanto, esto no significa que esta agencia pueda terminar el año en déficit”, sostuvo Cruz Batista.

En veremos la construcción de nueva cárcel

La falta de recursos en el DCR también mantiene en suspenso la construcción de una nueva instalación carcelaria para los reos de máxima seguridad. La estructura se ubicaría en Villalba. El diseño del penal está listo hace años, pero todavía falta identificar una fuente de ingresos recurrentes que permita impulsar el proyecto mediante una Alianza Público-Privada (APP). 

“Hay que identificar fuentes de repago recurrentes. Es una cuestión de fondos, no de necesidad. La necesidad está. Necesitamos una cárcel de máxima, y estamos en el proceso de que se identifiquen los fondos recurrentes para poder cumplir con eso”, indicó el funcionario.

Zayas Cintrón fue designado por el gobernador Alejandro García Padilla como secretario interino a principios de octubre. Sustituyó en el puesto a José Aponte Carro, quien salió de la dirección interina de la agencia en septiembre pasado, después que el trámite de su nombramiento no se completó en el Senado. El licenciado Zayas Cintrón sostuvo que tan pronto comenzó a ejercer el cargo con su equipo se evaluaron las necesidades prioritarias del DCR y rindieron un informe a La Fortaleza. 

“Necesitamos espacios de máxima (seguridad), y eso se le hizo llegar un análisis completo a La Fortaleza. El diseño está hecho ya… Lo que están ahora mismo es identificando alternativas para poder construirlo”, enfatizó.

Acciones ante problemas de seguridad 

De otra parte, el titular del DCR dijo que, tras registrarse dos fugas en el complejo correccional de Las Cucharas, en Ponce, con una diferencia de solo días, se reunió el lunes con comandantes de instituciones penales para reiterarles sus obligaciones en materia de seguridad. 

Zayas Cintrón dijo que, en el segundo de los casos, relacionado con el confinado Heriberto Madera González, se detectaron circunstancias que denotan posible negligencia, y recordó que esa conducta podría conllevar sanciones que van desde una amonestación hasta el despido, según el nivel de gravedad. 

“Se reunieron los comandantes (de las instituciones penales) y se les dijo las responsabilidades, según ya nos habíamos comunicado. Les habíamos hecho saber que ellos tienen todos nuestro respaldo y que ellos son la autoridad en la institución, pero con la autoridad viene la responsabilidad, y cosas como esta son sencillamente inaceptables”, expresó el secretario interino sin precisar si en el caso específico de Madera González se aplicarían sanciones contra algún oficial. 

Durante la reunión con los comandantes, se acordó realizar simulacros sobre los protocolos a seguir en caso de fugas y en caso de agresiones en las cárceles. 

El primer caso de fuga en el Complejo Correccional de Ponce fue el de Eddie J. Vidal Morán, quien huyó de las autoridades mientras era transportado en una guagua hacia la institución penal. Ambos evadidos fueron capturados posteriormente.