Con el argumento de que en promedio han logrado convicciones en el 88% de los casos ante su consideración, la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, defendió este lunes la permanencia de esa entidad ante propuestas legislativas que persiguen su eliminación.

La exjueza se valió de estadísticas sobre la ejecución de la oficina desde su creación en 1988 para oponerse a un proyecto de ley de la autoría del senador popular José Luis Dalmau que derogaría la ley que creó el Opfei, así como el cargo del Fiscal Especial Independiente (FEI).

La medida señala en su exposición de motivos que, durante los últimos años, el Opfei "ha sido objeto de numerosas críticas en torno a su ejecución", lo que ha generado desconfianza y la impresión de que ha perdido la independencia operacional con la que fue concebida.

Para rebatir esos señalamientos, Cotto Vives indicó que, desde 1989 y hasta febrero pasado, respecto a los casos que han sido referidos por el Departamento de Justicia, la Opfei ha presentado 1,687 acusaciones, de las cuales hubo convicción en 1,311 cargos y 173 preacuerdos entre las partes. En 81 cargos, no hubo convicción por los delitos contra la función pública y otros 91 fueron archivados como parte de los preacuerdos, aseguró la funcionaria.

 El Opfei fue creado como una entidad con autonomía fiscal, operacional y administrativa para investigar y procesar penalmente por actos ilegales cometidos por funcionarios y exfuncionarios.

"Las experiencias institucionales documentadas nos permiten afirmar que el Opfei ha cumplido con la misión que el estado le ha encomendado desde la aprobación de la Ley Número 2 (de 1988). El marco legal que respalda la institucionalidad le ha permitido a esta oficina ejercer la delicada función de procesar a aquellos funcionarios de alto nivel a quienes se les ha imputado conducta ilegal", argumentó Cotto Vives durante una vista pública de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos.

"No encontramos en nuestra historia institucional situación de clase alguna que sustente la eliminación del Panel del FEI", subrayó.

Resaltó que entre los casos en los que esa oficina ha logrado convicciones figuran los incoados contra el exsenador Jorge De Castro Font y los exalcaldes Wilson Soto, de Cataño; Sol Luis Fontanes Olivo, de Barceloneta y Edgar Santana, de Vega Baja.

También aludió a las convicciones en los casos sometidos contra los exrepresentantes José Luis Rivera Guerra e Iván Rodríguez Traverso y contra el exdirector ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Hiram Meléndez Rivera. 

De igual forma, al rechazar algunos señalamientos sobre supuesta persecución política a través de la estructura del Opfei, Cotto Vives recordó que esa oficina no investiga a funcionarios o exfuncionarios por cuenta propia, sino que depende de referidos del Departamento de Justicia, de la Oficina del Contralor y de la Oficina de Ética Gubernamental.

Destacó que es la primera vez, en siete administraciones de Gobierno, que se propone la eliminación de la institución, creada durante la incumbencia de Rafael Hernández Colón.

Cotto Vives, en cambio, favoreció un proyecto de ley de la autoría de los representantes Jaime Perelló y Manuel Natal para prohibir que los miembros del panel de exjueces mantengan contratos con agencias gubernamentales, municipios y con las ramas legislativa y judicial. Esa potestad se les confirió mediante legislación en el 2012, y la medida bajo discusión busca revertirla.

 La pieza legislativa solo permitiría a los miembros del Opfei ejercer como profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y Cotto Vives recomendó una enmienda para que se les autorice también hacer otro tipo de labor en el centro docente.

La funcionaria acogió, además, una enmienda sugerida por el Departamento de Justicia para extender la prohibición a los FEI. No obstante destacó que actualmente, de los ocho fiscales especiales que contratan cuando hay referidos, solo uno mantiene contratos con instrumentalidades públicas.

El Colegio de Abogados también es partidario de que se amplíen las restricciones contractuales a los miembros del Opfei, por entender que salvaguarda la independencia y la transparencia en las operaciones de esa entidad.

"La prohibición a los miembros del panel para tener contratos con agencias, municipios o las ramas legislativa y judicial, excepto servir como profesor o profesora de la UPR, es necesaria para restaurar y garantizar la confianza en la Oficina del FEI", puntualizó Cotto Vives.