El Tribunal de Apelaciones detuvo la suspensión de empleo y sueldo que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) impuso al alcalde de Corozal, Sergio L. Torres, por supuestamente asfaltar con fondos públicos el camino a su residencia.

La presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, informó que el pasado viernes recibieron una directriz del Tribunal de Apelaciones en la que le ordenan dejar sin efecto la suspensión de 10 días de empleo y sueldo del alcalde de Corozal, así como la obligación de retribuir al erario los $685.91 en que estimaron el gasto por los trabajos realizados con supuestos fondos públicos.

“La defensa fue en un auxilio de jurisdicción y solicitaron una revisión judicial al Tribunal Apelativo”, dijo Cotto Vives.

Explicó que esta orden ocurrió aun cuando funcionarios del municipio le había certificado a la OPFEI que el pasado 10 de diciembre el alcalde comenzó a cumplir los 10 días de suspensión y que le estaban descontando ese dinero de su nómina.

El viernes pasado, cuando el Apelativo emitió la orden, el alcalde cumplía siete días de suspensión por la utilización ilegal de empleados y materiales del municipio para asfaltar el camino a su residencia.

Cotto Vives auguró que el proceso en el Tribunal de Apelaciones se extenderá por varios meses debido a que le solicitaron a la defensa del alcalde presentar la transcripción de las vistas administrativas que realizó la exjueza Lourdes Velázquez Cajigas, oficial examinadora del PFEI.

Explicó que la oficial examinadora encargada realizó varias vistas administrativas, incluyendo una vista ocular, antes de determinar que la prueba era “clara, robusta y convincente”.

La oficial examinadora del PFEI determinó que el alcalde de Corozal demostró una "incapacidad", "ineptitud" y "descuido" en el desempeño de sus funciones. 

El alcalde estaba obligado a cumplir los 10 días laborables de suspensión de empleo y sueldo antes del 26 de diciembre, fecha en que se cumplían los 20 días calendario que le concedió el PFEI para acatar la orden.

Por otro lado, la Oficina de Ética Gubernamental investiga si el alcalde violó la Ley de Ética al asfaltar el camino a su vivienda con fondos municipales. Ética no ha concluido el proceso.