El Comité Fiestas de la Calle San Sebastián demandó este miércoles a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tanto en su carácter personal como oficial, mediante un recurso radicado ante el Tribunal Federal.

En su reclamo judicial el mencionado Comité incluye además al Municipio de San Juan y a las empresas Spanish Broadcasting System y a una compañía de seguros.

La demanda de 26 páginas contiene ocho reclamos o peticiones al Tribunal, entre los que se incluye el pago de $1.5 millones por los daños, además de otros costos y penalidades que pueda imponer la corte.

A lo largo del recurso judicial, el Comité Fiestas de la Calle San Sebastián alega ser el propietario único de las marcas “Fiestas de la Calle San Sebastián”, “Fiesta de la Calle” y “la San Se” y reclama que el Municipio no puede utilizarlas sin su autorización.

Alegan, además, que la alcaldesa y el municipio violan sus derechos constitucionales al ejercicio libre de su religión y al ejercicio de la libre expresión al supuestamente impedirle contratar espectáculos de música típica puertorriqueña.

“Los demandados han buscado eliminar la participación de los demandantes de la producción de las Fiestas de la Calle San Sebastián basándose en el interés del Comité en el libre ejercicio de la religión al mantener el origen religioso del festival y en represalia por los comentarios del Comité de que los demandados han convertido el Viejo San Juan en un bar”, sostiene la demanda en uno de sus alegatos.

Solicitan también al tribunal un interdicto que dé marcha atrás a la decisión del Municipio de impedir al Comité la supuesta “oportunidad de presentar actividades culturales de Puerto Rico, incluyendo la danza, la plena y la bomba en la Plaza del Quinto Centenario”.

Otro interdicto es solicitado para evitar que el Municipio utilice las marcas “Fiestas de la Calle San Sebatián”, “Fiesta de la Calle” y “la San Se” sin el permiso del Comité, y que se abstenga además de contratar auspiciadores utilizando las mismas.

Solicitan por otro lado los demandantes el pago de $500,000 en daños por comentarios que atribuyen a la alcaldesa de que los miembros del comité “reciben dinero por debajo de la mesa”, que es una “finca privada” y que utilizan las Fiestas como su “ATH privada”.

Otros $500,000 son reclamados por la supuesta interferencia del Municipio con los contratos de auspiciadores que mantenían o negociaban con el Comité y una cifra similar ($500,000) por la alegada interferencia de la alcaldesa y el Municipio con el derecho del Comité al libre ejercicio de su religión.

Además de los gastos de abogados y cualquier otra compensación por daños, el Comité reclama que el tribunal ordene al Municipio que el dinero que produzca toda contratación que haga con auspiciadores, utilizando las marcas que alegan le pertenecen, les sea entregado a ellos.

Los demandantes reclaman finalmente un juicio por jurado para ventilar sus reclamos.