El secretario de Justicia, César Miranda, informó hoy, miércoles, sobre demandas presentadas por la agencia contra los alcaldes de Maricao, Vega Alta y Canóvanas por pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero en exceso.

Las acciones legales son el resultado de referidos a Justicia por la contralora, Yesmín Valdivieso, relacionados a otorgamiento de aumentos salariales, informó Miranda en un comunicado de prensa. 

A los alcaldes Gilberto Pérez Valentín, de Maricao, y a Isabelo Molina Hernández, de Vega Alta, se les señalan aumentos salariales indebidos. El Departamento de Justicia solicita que devuelvan $45,000 y $88,135, respectivamente, por haberse cobrado en contra de la ley, según expuso el titular de Justicia.

Mientras, el caso incoado contra Lorna Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas, es por devengar salarios mayores a los $6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.

En esta demanda, Soto Villanueva está sujeta a la aplicación del cálculo predicado en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, el cual toma en consideración los datos del censo de 2010. Según dicho estudio, la población de Canóvanas es de 47,648 habitantes, lo que coloca al municipio en el renglón de pagar a su alcalde o alcaldesa por concepto de salario la cantidad de $6,500 mensuales. Empero, Soto Villanueva devengó del 1 al 17 de julio de 2014 el salario mensual de $9,400 y continúa cobrando $8,742, desde el 18 de julio de 2014 al presente, indicó el Departamento de Justicia. 

“Se trata de acciones civiles de cobro de dinero y no de actuaciones criminales que ameriten la intervención del Ministerio Público. No obstante, exhorto a los alcaldes y a todos los funcionarios de gobierno a que seamos muy cautelosos en el uso de fondos públicos. La situación económica que enfrentamos demanda de todos, no solamente el cumplimiento estricto de las leyes, sino la mayor prudencia y celo en el gasto público”, acotó Miranda en la comunicación escrita.

Evalúa otros referidos, pero decide no actuar

El Departamento de Justicia informó, además, que evaluó y recomendó el cierre de otros ocho referidos de la Oficina de la Contralora sobre aumentos salariales a alcaldes, por haber sido concedidos previo a la opinión emitida por el Tribunal Supremo en ELA v. Crespo Torres en 2011, que en esencia establece que la aplicación del cómputo establecido en ley para determinar el salario de los alcaldes será prospectivo a la fecha del 1 de febrero de 2011, cuando se emitió la opinión. 

Estos casos incluyen a los alcaldes de Toa Baja, Hatillo, Juana Díaz, Guayanilla y Lares, y a los alcaldes anteriores de Corozal, Culebra y Canóvanas.