La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando se declare ilegal el nuevo reglamento que impuso la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) para operar las máquinas tragamonedas en el aeropuerto y con el cual se excluyó la presencia de inspectores en esas salas de juego, se informó mediante comunicado de prensa.

Según el comunicado, la aprobación del Reglamento 8788 se hizo violando la la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme porque Turismo incumplió varios requisitos de ese estatuto como no celebrar vistas públicas sobre esta nueva reglamentación, no circular una notificación específica detallando la fecha en que se celebrarían las vistas públicas, no comunicar la fuente legal que autoriza su adopción, ni publicó el aviso de reglamentación en Internet, como exige la ley.

El presidente de la AIJA, Edgardo Lizardi Bonilla, las acciones de la CTPR y de su directora ejecutiva, Ingrid Rivera Rocafort, añadió que el Reglamento 8788 también violenta la Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico, que es la que regula cualquier operación de juegos en el país.

“La señora Rivera Rocafort ha actuado de forma arbitraria y caprichosa al aprobar un reglamento a toda prisa sin garantizarle a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus puntos de vista. La ley requiere participación de la ciudadanía antes de que una entidad pública adopte una norma que impacte los derechos de personas o grupos y les imponga obligaciones”, sentenció Lizardi Bonilla.

El líder gremial  lamentó que el reglamento permita la instalación de casinos y salas de juegos sin la presencia de inspectores autorizados, que son quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la operación de las máquinas tragamonedas para garantizar la seguridad de los jugadores.

“Turismo ha procedido a la aprobación ilegítima de un reglamento exclusivo para operar un casino en el aeropuerto. La forma en que se aprobó ese reglamento levanta sospechas sobre qué intenciones pueden haber tras ese acuerdo que, hasta el momento, ha resultado ser un negocio pernicioso para el país”, acotó Lizardi Bonilla en sus declaraciones escritas al anunciar el recurso legal entablado el pasado 11 de octubre.

El líder de los inspectores insistió que el Reglamento 8788 pone en riesgo las garantías de seguridad a las que están acostumbrados los jugadores en la isla al excluir la presencia de inspectores en las salas de juego.