La Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) pudo haber incurrido en un patrón de conflicto de interés cuando contrató a una empresa para asesorar en la otorgación de créditos contributivos, y que a la misma vez, asesoraba a desarrolladores privados que gozaban de esos créditos.

José Sierra Morales, director ejecutivo de la AFV dijo que tras una consulta legal interna y una consulta externa posterior, se dio el visto bueno para contratar a la empresa Affordable Housing Consulting aunque simultáneamente ofrecían consultorías a las empresas que se beneficiaban de los créditos.

Sierra Morales reconoció que nunca pidió consulta al Departamento de Justicia ni a la Oficina de Ética Gubernamental.

“La consulta sostenía que se podía trabajar”, dijo el funcionario en la continuación de las vistas de transición, al tiempo en que señaló que el estudio legal se sustentó en la Ley 84 que rige a contratistas.

Los contratos con Affordable empezaron en el 2012. No obstante, quedaron “excluidos de los procesos” en una fecha no especificada del año fiscal 2014-2015, alegó Serrano Morales.

No se indicó la cuantía de los contratos.

Asimismo, trascendió que un empleado de Vivienda identificado como Carlos Girau y que estaba encargado de decidir quién iba a recibir los créditos contributivos, se fue a trabajar con Affordable mientras estaba contratado con la agencia.

“Si no es conflicto de interés palpable y explícito… estuvieron tres años para trabajar créditos contributivos, luego adviene como consultor de quienes van a recibir los créditos contributivos. Me parece un error craso”, dijo Alfonso Orona asesor legal del gobernador elector Ricardo Rosselló y miembro del comité de transición.

Orona también indicó en un aparte con medios que al día de hoy Affordable todavía tiene contratos con la AVP.

Por otro lado, Sierra Morales indicó que ante la falta de liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se decidió vender la cartera de subsidios para la compra de nuevos hogares, de manera que eso generara dinero “fresco”. Se suponía que el valor de esa cartera de subsidios era de $109 millones, pero pudieron venderla entre el Banco Popular y la firma Ryan Santley en $89 millones.

Para subsanar la diferencia la Junta de Directores de AFV, compuesta entonces por Alberto Bacó, secretario de Desarrollo Económico, Melba Acosta, presidenta del BGF y el secretario de Hacienda Juan Zaragoza, entre otros, solicitó a la Legislatura una asignación del fondo general $7 millones. Pero la Asamblea Legislativa solo otorgó $6 millones. No hubo respuesta a cómo se va a resolver la diferencia.

Mientras la AFV tiene una deuda de $14 millones con el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). Esa deuda surge porque la Oficina del Inspector General determinó que se otorgaron fondos para proyectos a pesar de que no eran elegibles. Así surgió una reclamación de $26 millones que luego lograron negociar y reducir a los $14 millones. No quedó claro cuánto de eso se han pagado y cuánto se debe.