El senador popular Aníbal José Torres denunció hoy un aparente conflicto de interés con las dos compañías que designó La Fortaleza para investigar la desaparición o hurto de los vagones con artículos destinados para la población y organizaciones afectadas por los huracanes Irma y María.

“Este escándalo de los vagones se extendió por todo Puerto Rico y todavía hay preguntas que no han sido contestadas. Se pone en entredicho en el mundo entero la capacidad de Puerto Rico para atender y manejar una crisis”, dijo Torres en conferencia de prensa en el Capitolio.

“Está el cabro velando las lechugas. Esta gente depende de contratos con el gobierno”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

En días recientes, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado anunció que el Gobierno contrató dos firmas de autoría para que identificaran la procedencia de los 12 vagones descubiertos el pasado mes en los predios del Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Maldonado no identificó entonces cuáles eran las firmas de contabilidad.

El senador Torres dijo que las firmas son BDO y Robles & Associates y sostuvo que ambas compañías mantienen contratos con el gobierno.

Detalló que BDO, firma que también estuvo a cargo del estudio de la reforma educativa y cierre de escuelas, cuenta con 117 contratos en diferentes agencias del gobierno los $48 millones. Dijo también que Robles & Associates tiene un contrato por $3 millones con el Departamento de Hacienda y sostuvo que en 2015, el presidente de la compañía, Diego Robles Cordero, a quien identificó como donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), laboró por contrato para el entonces comisionado electoral de la Palma, Jorge Dávila. 

“Diego Robles es militante del PNP y donante importante de varias candidaturas…No señalo ilegalidad porque el haya hechos donativos a un partido, eso es legal, pero sí señalo quien es la persona y puede aparentar un conflicto porque esta persona fue contratista de la CEE”, dijo el senador.

“Hay un vínculo directo con el PNP y con la institución a ser auditada”, indicó Torres e insistió en que la investigación la deben hacer las agencias de ley y orden o un fiscal especial.

El legislador advirtió que está recibiendo información adicional “que estamos corroborando que sugiere nuevas manipulaciones de los procedimientos de emergencia para los que sufrieron los embates de los huracanes Irma y María”.